
Casación ordena reabrir la causa por el hackeo al PAMI y apunta a vínculos internacionales
Actualidad24/07/2025
REDACCIÓN
La Cámara Federal de Casación Penal reabrió la investigación por el hackeo al PAMI ocurrido en agosto de 2023, luego de considerar que el cierre del caso fue prematuro y que aún restan diligencias clave. La decisión responde a un planteo de la actual conducción del organismo, que presentó nuevos elementos vinculados con una causa paralela en Córdoba.


El camarista Javier Carbajo advirtió que “restan medidas por producir” que podrían permitir identificar a los autores del ciberataque, señalando que el archivo del caso fue anticipado. Entre esas medidas, destacó la necesidad de consultar a Europol en el marco de la cooperación internacional frente a delitos cibernéticos de gran escala.
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“Los ataques devastadores de esta naturaleza se están volviendo cada vez más frecuentes”, remarcó el fallo, que advierte sobre las secuelas persistentes que dejan este tipo de intrusiones, muchas veces perpetradas desde estructuras delictivas transnacionales. En algunos casos, incluso, la recuperación completa de los sistemas afectados no es posible.
El tribunal resolvió por mayoría reabrir el expediente, con los votos de Carbajo y Mariano Borinsky y la disidencia de Gustavo Hornos, y ordenó al juzgado federal 9 de la Ciudad de Buenos Aires profundizar la pesquisa. Además, dispuso vincular la investigación con otra causa penal en trámite en Córdoba, también impulsada por la querella del PAMI.
En esa investigación cordobesa aparece imputado Tiziano Palacios Arriondo, señalado por comprar bases de datos robadas del PAMI con fines de lucro, las cuales contendrían información confidencial de afiliados, carnets digitales, claves de acceso, médicos prestadores y recetas electrónicas.
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Se presume que esa información fue extraída durante el ciberataque de agosto de 2023, mediante un sofisticado sistema de ransomware que vulneró los mecanismos de seguridad del sistema interno del organismo estatal.
Para los jueces que votaron a favor, la dimensión del ataque y sus posibles ramificaciones internacionales justifican avanzar con más medidas antes de cerrar la investigación, y remarcaron que no solo se trató de una intromisión grave, sino de un hecho que encaja dentro del marco de la delincuencia organizada y transnacional.
El fallo destaca la importancia de un abordaje global, especialmente ante la sofisticación creciente de estas amenazas, que afectan cada vez con mayor frecuencia a instituciones públicas. “Se aprovechan de vulnerabilidades o, como se dice vulgarmente, de ‘puertas traseras’”, subrayó la resolución.
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La investigación había sido archivada sin profundizar en aspectos técnicos clave, ni establecer vínculos con entidades internacionales especializadas en cibercrimen, como Europol. La reapertura ahora habilita la posibilidad de establecer esas conexiones y trazar posibles responsabilidades.
Fuentes judiciales aseguran que la causa podría ampliar su alcance si se confirma que la red de comercialización de datos robados se extendió más allá del país, lo que convertiría el caso en uno de los ataques cibernéticos más relevantes contra una entidad estatal en los últimos años.
El fallo sienta un precedente sobre el modo en que el Poder Judicial debería encarar los delitos digitales, donde la velocidad, coordinación internacional y análisis técnico son determinantes para evitar la impunidad.
Fuente: N A

















