Perú desafía a la CIDH con su ley de amnistía a militares acusados de violaciones de derechos humanos

El Gobierno de Perú desoyó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sigue adelante con una ley de amnistía que beneficiaría a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por violaciones de derechos humanos. La información fue difundida en el podcast Noticias de América de Radio Francia Internacional, en un informe de Carlos Pizarro que cita con firmeza la postura de ONG peruanas frente a esta decisión oficial.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó sobre las consecuencias irreversibles que tendría la eventual promulgación del proyecto, aún pendiente de aprobación definitiva. La secretaria general de la organización, Tania Pariona, fue contundente: “Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos”.

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La iniciativa incluiría a 156 personas con condenas firmes y a otras 600 en proceso de investigación, todas acusadas por delitos cometidos entre 1980 y 2000 en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En ese período, la violencia política dejó más de 70.000 víctimas y cerca de 4.000 fosas clandestinas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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La Corte Interamericana exigió que se suspenda de inmediato el trámite parlamentario, pero el Ejecutivo de Dina Boluarte optó por desestimar la advertencia. Para los organismos internacionales, esto representa una violación a las medidas provisionales vigentes y podría agravar la situación institucional de Perú frente al sistema interamericano.

Pariona remarcó que la norma anula años de lucha por justicia: “Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia”. A su vez, criticó el impacto emocional y simbólico que genera en las víctimas: “Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad”.

La defensora advirtió que no se trata solo de un debilitamiento institucional sino de un colapso de las bases del Estado de derecho. “En Perú estamos viviendo un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho”, expresó.

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Desde la CNDDHH aseguran que ya en 2024 se había dado un paso preocupante al aprobarse una ley que declaró prescriptos los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que benefició a figuras como el expresidente Alberto Fujimori. Aquella medida también favoreció a centenares de militares involucrados en crímenes que jamás llegaron a juicio.

“Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema interamericano”, señaló Pariona. Con esa frase sintetizó la gravedad del escenario legal e internacional que enfrenta el país.

El impacto internacional es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y por familiares de las víctimas, que aún esperan justicia en cientos de causas abiertas. Para ellos, esta ley implica una marcha atrás con décadas de lucha y un golpe directo al corazón de sus reclamos.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional