Argentina rechazó la entrega de chats de Caputo y Massa ordenada por la jueza Preska

El Gobierno argentino solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere su orden de entregar chats de WhatsApp de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios. El pedido apunta a revertir una medida dictada en el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012, que impulsan fondos especulativos liderados por Burford Capital ante la justicia de Nueva York.

El argumento central de la respuesta oficial es que el Estado no posee ni puede acceder a los dispositivos solicitados. El escrito presentado por la República Argentina señala que “los demandantes no han demostrado que la República tenga el derecho, la autoridad o la capacidad práctica de acceder a esos contenidos”. La estrategia busca limitar el alcance del proceso de “discovery”, que incluye requerimientos sobre datos personales.

“La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no le pertenecen”, explicó el analista Sebastián Maril. La citación fue parte de una ofensiva judicial en curso por parte de Burford, el fondo que compró los derechos litigiosos de Petersen Energía y Eton Park.

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La Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa jurídica del Estado, ya había anticipado que analizaba alternativas para evitar esta medida sin precedentes. Las presentaciones se acumularon tras la audiencia del 29 de julio, cuando Preska avanzó con nuevas solicitudes de información que incluyen dispositivos personales y cuentas privadas de exfuncionarios.

El texto oficial remarca que en la legislación argentina los teléfonos y cuentas personales son propiedad de cada funcionario. “No son bienes del Estado, ni están sujetos a su control”, sostiene el planteo presentado por la defensa. La posición busca evitar un antecedente legal que obligue a entregar datos privados por litigios que involucran decisiones de gobiernos anteriores.

La orden judicial también abarca a funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, lo que suma un componente político al conflicto. Si bien el caso refiere a la expropiación ocurrida durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el alcance del discovery involucra a integrantes actuales del gabinete nacional.

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La expropiación de YPF se concretó el 16 de abril de 2012, cuando el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública las acciones de Repsol. La iniciativa fue aprobada por el Congreso y promulgada el 4 de mayo de ese año. Desde entonces, Argentina enfrentó varios litigios en tribunales internacionales.

Preska ya había aceptado el pedido de Burford Capital de avanzar con la recolección de evidencia, entre ella comunicaciones electrónicas. Para el gobierno argentino, esta línea de acción desborda los límites establecidos por la Constitución Nacional en cuanto a la protección de datos personales y la separación de poderes.

El planteo oficial apunta a bloquear el uso de chats personales como prueba en el proceso, sin reconocer la autoridad de la jueza para exigirlos al Estado. La decisión de Preska podría generar consecuencias políticas y diplomáticas, ya que pondría bajo la lupa interna decisiones de administración tomadas en otro contexto institucional.

Fuente: NA.