Argentina en el debate global por el plástico: consumo alto, regulaciones débiles y posturas divididas

Representantes de 184 países se reunieron en Ginebra para acordar un tratado internacional que frene la contaminación plástica, considerada una de las tres grandes crisis ambientales. El texto busca regular todo el ciclo de vida del material, desde la producción hasta su disposición final, y prohibir prácticas como la quema o el vertido abierto. También propone responsabilidad ampliada del productor y mejoras en el diseño para una economía circular.

En las discusiones surgieron tensiones sobre la reducción de la producción y la prohibición de químicos perjudiciales para la salud. Argentina, que envió una delegación oficial encabezada por la Subsecretaría de Asuntos Ambientales de Cancillería, mantiene un perfil bajo y una postura cercana a la de Estados Unidos, alineándose con una visión que evita recortes productivos. El diputado libertario Carlos D’Alessandro confirmó que el Ejecutivo busca firmar el acuerdo, pero rechaza limitar la fabricación de plásticos y de insumos cuestionados.

Las posiciones internacionales se polarizan: más de 100 países impulsan regulaciones estrictas, mientras que la OCDE advierte que sin frenar la producción y el consumo, 13,5 millones de toneladas de residuos seguirán filtrándose al ambiente cada año. Desde organizaciones como Gaia, Salud sin Daño y Taller Ecologista, exigen un documento ambicioso que no se limite a declaraciones simbólicas.

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En Argentina, el consumo promedio anual es de 42,7 kilos por habitante y el país ocupa el tercer lugar regional como productor, detrás de Brasil y México. Casi la mitad de su uso industrial se destina a envases y embalajes, en su mayoría plásticos de un solo uso que tienen baja tasa de reciclaje efectivo. En 2019, el país vertió 4.137 toneladas de plástico al mar, según datos publicados en la revista Science.

Las regulaciones nacionales son limitadas. Hay leyes que prohíben ciertos aditivos y microplásticos en cosméticos, pero no existe una Ley de Envases que ordene la gestión de los plásticos más comunes y contaminantes. Proyectos recientes, como el presentado por D’Alessandro junto a la industria, priorizan el reciclaje y descartan restricciones productivas. Otras iniciativas, como la impulsada por Natalia Zaracho, difieren en la forma de financiamiento y el rol de los recicladores, pero tampoco plantean límites a la fabricación.

El impacto ambiental es visible: Global Plastic Watch identificó 912 vertederos en América Latina y el Caribe, muchos de ellos en Argentina, cerca de ríos que transportan los residuos hacia el océano. Estudios muestran que más de 1.000 ríos concentran el 80% de los plásticos que llegan al mar, acumulándose en grandes islas de basura, como la del Pacífico, de una superficie tres veces mayor que Francia.

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Las organizaciones ambientalistas insisten en que la solución no pasa solo por reciclar. “Ya partimos de un piso alto en la generación de plásticos y su degradación tarda siglos. Sin un cambio en la producción y el consumo, seguirán terminando en el mar”, advierte Jaquelina Tapia, de Salud sin Daño.

La ciencia también alerta sobre el riesgo para la salud humana. Partículas de microplásticos se han detectado en órganos, sangre e incluso en leche materna. Aunque los efectos a largo plazo aún se estudian, investigaciones apuntan a posibles daños inmunológicos y cardiovasculares. Para Michelle Reyes, médica y referente regional, “tenemos que regularlos, con reglas claras e información suficiente para políticas que nos alejen de los daños nocivos”.

Fuente: LA NACION.