Condenaron a Mórtola, exinterventor de Puertos y primer funcionario macrista sentenciado

La Justicia federal dictó una condena que marca un precedente para la gestión de Cambiemos. Gonzalo Mórtola, exinterventor de la Administración General de Puertos, fue sentenciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fallo lo convirtió en el primer funcionario de Mauricio Macri en recibir una condena judicial. El expediente probó que en 2016 se pagaron más de 940 mil dólares a la consultora Indra a través de una contratación irregular.

La maniobra se justificó con un dictamen técnico de apenas dos carillas. Ese informe, elaborado por los asesores Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde, avaló la contratación directa sin concurso ni licitación, pese a que la normativa lo exigía.

El juicio oral se realizó los días 13 y 14 de agosto bajo la dirección del juez Daniel Rafecas. La fiscalía sostuvo que la operación buscaba beneficiar un negocio inmobiliario vinculado a los terrenos del puerto de Buenos Aires.

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Si bien la querella pidió condena por defraudación al Estado, el tribunal finalmente resolvió aplicar la figura de incumplimiento de deberes. La decisión redujo el alcance penal, pero dejó probadas las irregularidades en la gestión.

Durante el proceso, Mórtola intentó múltiples recursos para frenar el juicio. Pidió exhortos internacionales, ofreció reparaciones económicas e incluso propuso hacer tareas comunitarias, pero todos sus planteos fueron rechazados.

En la elevación a juicio, el juez federal Martínez de Giorgi señaló que la consultora fue “elegida arbitrariamente”. Esa afirmación fue ratificada luego por la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Mórtola tenía un lugar destacado en la estructura de poder del macrismo. Cercano a Mauricio Macri y egresado del colegio Cardenal Newman, fue una pieza de confianza en la gestión de los puertos y en los planes para la Hidrovía.

El exfuncionario fue uno de los principales asesores en el diseño de los pliegos para la licitación de la Hidrovía. Ese proceso nunca se concretó durante el macrismo y sigue siendo objeto de disputa en la política argentina.

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Incluso, a comienzos de 2024, intentó acercarse al nuevo oficialismo de Javier Milei. Buscaba mejorar su situación judicial y recuperar espacio en un sector estratégico como el portuario.

La condena lo deja ahora en una posición incómoda. El fallo no solo lo responsabiliza por una contratación irregular, sino que también expone la trama de vínculos entre poder político y negocios privados.

El caso también golpea a la imagen del macrismo. El hecho de que un funcionario de confianza de Macri sea el primero en recibir una sentencia marca un precedente en la rendición de cuentas de esa gestión.

En los pasillos judiciales, la causa es vista como un anticipo de otras investigaciones que podrían complicar a exfuncionarios de alto rango. El puerto de Buenos Aires fue históricamente un espacio de poder donde se mezclan intereses económicos y decisiones políticas.

Más allá de la figura de Mórtola, el proceso dejó en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en las contrataciones públicas. Un dictamen técnico de dos páginas bastó para habilitar un pago millonario sin competencia ni transparencia.

La sentencia de Rafecas marca un cierre parcial para una historia que aún puede tener ramificaciones. La Justicia seguirá investigando si la operación con Indra estuvo vinculada a negocios inmobiliarios y a un uso discrecional de los recursos del puerto.