Millonarias inversiones en hidrógeno verde siguen frenadas por la falta de una ley que las respalde

La Argentina podría convertirse en un actor central en el mercado global del hidrógeno verde, pero la falta de una ley que defina reglas claras mantiene en pausa proyectos millonarios. Mientras tanto, las inversiones avanzan a paso lento o quedan atrapadas en anuncios sin fecha concreta.

Son al menos diez las iniciativas que buscan transformar el potencial eólico del sur del país en una fuente de energía limpia y exportable. Sin embargo, la ausencia de un marco legal uniforme frena decisiones clave y deja en suspenso uno de los sectores más prometedores para la economía nacional.

Desde 2009, Hychico opera en Chubut con producción a partir de energía eólica. En Santa Cruz, la planta de Pico Truncado también sigue activa. Pero el futuro del hidrógeno no está en esas experiencias pioneras, sino en proyectos a gran escala que prometen cambiar el mapa energético argentino.

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Entre los más ambiciosos aparece Fortescue Future Industries, que anunció una inversión de US$ 8.500 millones en Río Negro. La iniciativa incluye un parque eólico, planta de hidrógeno y puerto de exportación. Aunque generó expectativa mundial, el proyecto se enfrió por la incertidumbre legal.

En esa misma provincia, Abo Energy presentó tres proyectos que prevén hasta 10 GW de energía eólica y la producción de 270.000 toneladas de hidrógeno por año. Toda esa energía estaría destinada a la exportación, igual que los 1,5 millones de toneladas de amoníaco verde que planean generar.

Más al sur, en Tierra del Fuego, CWP Global firmó en 2024 un acuerdo para instalar parques eólicos, plantas de electrólisis y desalinización, junto a infraestructura logística. MMEX también anunció una inversión de US$ 500 millones, aunque desde entonces no se registraron avances.

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En Santa Cruz, el proyecto Orkeke de Nordex-Acciona promete un parque eólico de 2,6 GW con una inversión estimada en 5.000 millones de euros. La decisión final se espera para 2027, pero nada podrá concretarse sin un marco normativo que garantice estabilidad.

Buenos Aires también quiere sumarse. ENARSA licitó en Bahía Blanca un proyecto de US$ 300 millones, mientras YPF y Profertil exploran opciones en la zona.

“El país necesita una ley que aporte previsibilidad a largo plazo”, advierten desde el sector. La discusión ya llegó al Congreso, pero las propuestas todavía no consiguen consenso. Mientras tanto, Argentina mira desde la tribuna cómo avanza el mundo.

Fuente: Infoenergía