Auditoría revela sobreprecios de 27% en medicamentos de la Agencia de Discapacidad
Actualidad28/08/2025
Sergio Bustos
Diego Spagnuolo.
Una auditoría preliminar destapó un nuevo frente de tormenta en la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo pagó hasta 27% más caro algunos medicamentos que el Ministerio de Salud, de acuerdo al primer informe oficial difundido tras la intervención.
La comparación incluyó siete fármacos comprados por ambas dependencias. El caso más evidente fue el del PEG Asparaginasa, usado contra la leucemia linfoblástica aguda, adquirido a la droguería Suizo Argentina. Incluir Salud desembolsó $13,5 millones en agosto de 2025, mientras que el Ministerio de Salud había pagado $8,2 millones un año antes.
El Ejecutivo explicó que se descontó la inflación del período comprendido entre julio de 2024 y julio de 2025. Aun con ese ajuste, la Agencia abonó un 27% más, lo que confirma la existencia de sobreprecios.
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“Estos son los primeros datos oficiales que confirman irregularidades en las compras de ANDIS”, señalaron fuentes gubernamentales. La auditoría seguirá en los próximos días con el objetivo de revisar contratos y proveedores.
El escándalo ocurre en medio de la salida de Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia, quien dejó su cargo tras la filtración de audios donde denunciaba corrupción interna y supuestas coimas.
Para ordenar la situación, el Gobierno nombró como interventor a Alejandro Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria. Su misión inmediata será revisar las compras y transparentar los procesos de adquisición de medicamentos y equipamiento.
La auditoría también puso bajo la lupa a Suizo Argentina, una de las droguerías más grandes del país, controlada por la familia Kovalivker. La firma no solo proveyó fármacos a ANDIS, sino que también obtuvo contratos con el Ministerio de Salud, la Armada, la Policía Federal y hospitales nacionales.
El peso de Suizo Argentina en el esquema de provisión de medicamentos refuerza las sospechas sobre favoritismos y falta de controles en la relación entre proveedores privados y el Estado.
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Los investigadores advierten que este relevamiento apenas es un punto de partida. Restan revisar decenas de expedientes vinculados a programas de atención y asistencia que dependen de la Agencia de Discapacidad.
El informe refuerza un dato político: es la primera vez que el Gobierno admite oficialmente la existencia de sobreprecios desde que estalló el escándalo por presunta corrupción en el área.
La confirmación complica aún más a La Libertad Avanza, que ya enfrenta cuestionamientos en el Congreso por el caso ANDIS, la crisis del fentanilo contaminado y la polémica por la criptomoneda $Libra.
Para los especialistas en políticas sanitarias, la revelación obliga a una respuesta rápida. “El sistema de compras públicas debe ser transparente y competitivo; cuando se pagan sobreprecios, el costo lo terminan asumiendo los pacientes más vulnerables”, advirtieron.
La lupa ahora estará puesta en la continuidad de la auditoría y en los pasos que dé Vilches para recuperar credibilidad. Cada contrato que se revise puede sumar nuevos elementos a un caso que ya sacude la agenda política nacional.
El próximo informe oficial será determinante para medir la magnitud del problema y el posible impacto judicial de estas irregularidades.
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