Trump solicita a la Corte Suprema autorización para deportar a 300.000 venezolanos
Actualidad20/09/2025
REDACCIÓN
Donald Trump (Foto: RTVE)
El gobierno de Donald Trump presentó un pedido formal a la Corte Suprema de Estados Unidos para que avale la deportación de unos 300.000 venezolanos que residen bajo el régimen de protección humanitaria TPS. La medida, anunciada como una ofensiva legal, busca revertir los fallos que consideraron ilegal la decisión de poner fin al programa.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de la administración republicana de reducir los beneficios migratorios. El procurador general D. John Sauer argumentó que la negativa de un tribunal inferior constituye “una afrenta innecesaria” al poder ejecutivo. La solicitud busca que el máximo tribunal defina el futuro del Estatus de Protección Temporal, que desde hace años resguarda a miles de migrantes.
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El programa TPS había sido eliminado a comienzos de este año por orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien resolvió que los venezolanos ya no cumplían con las condiciones para mantener la protección. El juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California, frenó la medida al considerar que era contraria a la ley, lo que abrió un litigio inmediato.
En mayo, la Corte Suprema permitió que la administración avanzara parcialmente en la cancelación, aunque solo sobre una medida preliminar. Ahora el objetivo de la Casa Blanca es que se confirme la anulación definitiva, lo que dejaría expuestos a cientos de miles de venezolanos a procesos de deportación.
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El programa TPS fue creado como un alivio temporal para ciudadanos de países atravesados por conflictos bélicos, catástrofes naturales o crisis humanitarias. Según datos oficiales, alrededor de 300.000 venezolanos viven en Estados Unidos bajo esta figura y podrían perderla si prospera el pedido.
El Noveno Circuito rechazó suspender el fallo que mantuvo vigente la protección, lo que derivó en que el caso escalara hacia la Corte Suprema. Analistas remarcan que el proceso refleja una tendencia creciente: cada vez más decisiones migratorias se judicializan con rapidez y llegan al máximo tribunal.
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La administración Trump ha defendido la cancelación al sostener que el estatus no fue creado para garantizar una residencia permanente. En palabras del propio gobierno, “el TPS nunca tuvo como objetivo permitir que los migrantes permanecieran indefinidamente en Estados Unidos”.
La tensión es mayor porque muchos beneficiarios se asentaron en comunidades locales y construyeron vínculos sociales, educativos y laborales durante años de residencia. Organizaciones civiles advierten que la cancelación podría desatar una ola de inestabilidad familiar y económica en ciudades con fuerte presencia venezolana.
Fuente: NA, DW
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