Alpat deberá reincorporar a los despedidos, pero admite que no puede pagar el último acuerdo
Actualidad22/09/2025
Sergio Bustos
Alpat sigue en problemas.
El conflicto en la planta de Álcalis de la Patagonia (Alpat) tuvo un giro inesperado. La Secretaría de Trabajo confirmó que los 41 trabajadores cesanteados deben reincorporarse de inmediato.
La medida llegó tras una audiencia de conciliación encabezada por la secretaria Martha Avilez. “Se logró retrotraer la situación y preservar los puestos de trabajo”, aseguró la funcionaria.
El gremio de los químicos, Spiquyp, consideró un triunfo la decisión oficial. “La vuelta de los compañeros es la prioridad y se consiguió”, destacaron los dirigentes sindicales.
Pero la pulseada no terminó. La empresa adelantó que no puede cumplir con las mejoras salariales acordadas días atrás, lo que abre un nuevo frente de conflicto.
Alpat atraviesa un escenario crítico. La caída del mercado redujo la producción de carbonato de sodio y los ingresos no alcanzan para sostener el plantel.
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A comienzos de año la firma presentó un plan de crisis. La provincia intervino con un aporte de cinco cuotas de unos 617 mil dólares para financiar el costo del gas en invierno.
El gobernador Alberto Weretilneck había anticipado en San Antonio que no permitiría despidos. “La asistencia provincial exige el compromiso de mantener los puestos de trabajo”, dijo.
La audiencia de conciliación dispuso un cuarto intermedio. La negociación continuará con la mesa abierta desde marzo para buscar alternativas.
Desde Trabajo resaltaron que la prioridad es doble. “Se trata de garantizar la paz social y resguardar la continuidad de la principal planta industrial de la región”, subrayó Avilez.
Los directivos de Alpat, en cambio, repiten que la situación es insostenible. La empresa impulsó programas de retiro voluntario con indemnización y un plus adicional, pero no logró adhesiones.
La incertidumbre impacta en San Antonio Oeste. Más de mil familias dependen de la planta y cualquier ajuste repercute en comercios, servicios y economías locales.
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Los trabajadores viven entre la esperanza de conservar sus puestos y la preocupación por el futuro. “Nos dicen que volvemos, pero también que no pueden pagar”, resumió un operario al salir de la planta.
El gremio evalúa medidas de fuerza si la empresa insiste en no cumplir los acuerdos. “Queremos soluciones, no promesas incumplidas”, plantearon los delegados.
La Provincia busca mantener el equilibrio. El objetivo es evitar una escalada del conflicto que afecte a toda la región atlántica.
El conflicto de Alpat se transformó en una pulseada política, sindical y empresarial. El desenlace marcará no solo el destino de la planta, sino también el clima social en la Patagonia norte.
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