El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación

La Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, fue promulgada este lunes tras la publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo cumplió así con la obligación constitucional de ponerla en vigencia, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el texto original por mayoría especial.

Sin embargo, la aplicación de la norma quedó suspendida. A través del Decreto 681/2025, el Gobierno dispuso que su ejecución se postergue hasta tanto el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y apruebe la incorporación de nuevas partidas al presupuesto nacional. El Ministerio de Economía estimó que la creación de una pensión específica y la ampliación de programas vinculados a la discapacidad representarían un gasto superior a los 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI.

El cálculo oficial contempla además un incremento del costo del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. Para 2025, la cifra adicional proyectada asciende a 574 mil millones de pesos, mientras que en 2026 treparía a 1,2 billones. A ello se suman compensaciones para prestadores por casi 278 mil millones.

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El Ejecutivo remarcó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para cubrir esa carga. “El Congreso omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que supone la aplicación de la Ley 27.793”, sostiene el decreto. El texto añade que la posibilidad de reasignar partidas, prevista para el jefe de Gabinete, “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

La decisión se apoya en los artículos 38 de la Ley de Administración Financiera y 5 de la Ley de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto, que obligan a precisar recursos adicionales cuando se autoriza un nuevo gasto. El Gobierno había argumentado en el veto original que una aplicación inmediata ponía en riesgo la sostenibilidad del régimen de atención, afectando a los mismos beneficiarios.

Pese a estas advertencias, Diputados y Senadores insistieron en sancionar la norma. Esa decisión obligó al Ejecutivo a promulgarla, aunque bajo la fórmula de suspensión temporal hasta tanto se logre un consenso presupuestario. “Para cumplir con la ejecución de la Ley sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, aclara el texto oficial.

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En paralelo, el Gobierno avanzó con una medida transitoria para reforzar la atención en el corto plazo. Mediante la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso un ajuste presupuestario que incrementa los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 1º de octubre. La reasignación se financia con una reducción en la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Ese refuerzo busca dar respuesta al reclamo de actualización de los prestadores del sistema de atención integral a personas con discapacidad. La medida fue presentada como un paliativo mientras se define la puesta en marcha plena de la emergencia, que quedará supeditada al debate legislativo sobre la asignación de recursos.

Fuente: Infobae.