Hace tiempo que expresamos nuestra preocupación respecto a la posible instalación de un puerto chino en Uruguay. Ahora, el presidente Tabaré Vazquez y sus ministros dictaron el 11 de febrero de 2019 el Decreto 54/19, por el que se amplió el Puerto de Montevideo a «las superficies de aguas y álveos entre la Punta Yeguas con la Punta Pedregal y ésta con la Punta Canario y las costas correspondientes entre ambas líneas» que, de concretarse la instalación de un nuevo puerto estaría violando el Art. 85º inciso 9º (habilitar los puertos) que la Constitución Nacional reserva al Congreso Nacional.  

por César Augusto Lerena*

Ello ha dado lugar (o viceversa) a que el Consorcio Chino Shandong Baoma Fishery Group presentara una propuesta para realizar un Megapuerto en un predio de 28 hectáreas al oeste de Punta Yeguas a 20 km de Montevideo, que habría de disponer una zona franca para facilitar, aún más, las operaciones de quienes están exentos de todo.

Por una rara coincidencia, el lugar a instalarse lleva un nombre muy similar al de Puerto Yegua (Mare Harbour), que usan los buques de la Marina Real Británica en Malvinas y, por supuesto, no es un buen presagio.

500 buques pesqueros

El presidente del Consorcio Jian Hongjun manifestó en Uruguay que la empresa se llamará Zhogjin Puerto S.A. y la inversión será de unos 250 millones de dólares, pudiendo operar desde este puerto chino unos 500 buques pesqueros, es decir un número similar al de toda la flota pesquera argentina que opera en el Atlántico Sur. Por cierto, nunca sabremos si serán más, los chinos son expertos en buques mellizos y sus tres mil pesqueros pescan en el mundo en forma ilegal (INDNR).

Un Estado dentro del Estado

La empresa china (suponemos del Estado), además de ser una experta en gestión portuaria lo es también en pesca oceánica. Podríamos decir que, para los chinos, es una inversión ideal en un lugar estratégico, un Estado dentro de un Estado, que les dará cobijo y logística a cientos de buques mercantes y pesqueros que hacen tráfico con Malvinas o capturan en forma clandestina nuestros recursos en el atlántico sur. Ya sucede ello en forma alarmante en Montevideo, imaginemos lo que habrá de ocurrir en este puerto privado bajo el monopolio chino y con controles inexistentes de Uruguay y Argentina en el Río de la Plata, la Zona Común de Pesca y el Atlántico Sur.

Pero, de las propias declaraciones de Jiang Hongjun, este puerto se dedicará a la “reparación, mantenimiento y suministro de recursos materiales para flotas pesqueras del Atlántico Sur”.  Es decir, le dará apoyo a la flota ilegal que captura en la ZEE Argentina o sobre sus especies migratorias.

¿Y los empresarios pesqueros?

Son solo las agrupaciones medioambientales uruguayas las que se oponen al proyecto, y presionan sobre la Junta Departamental, quien debe recategorizar la zona que está tipificada como rural. ¿Y los empresarios portuarios y pesqueros uruguayos y argentinos?

¿Qué harán los rioplatenses cuando por imperio de los Artículos 73º, 74º y 75º del Tratado del Río de la Plata, los buques chinos comiencen a pescar en la Zona Común de Pesca?

¿Los permisos de pesca uruguayos consolidarán la presencia de los chinos en la milla 201?

¿Quién y con qué se controlarán estas capturas que se desembarquen en un puerto privado chino y el tránsito, con bodegas y contenedores llenos de capturas subrepticias en la ZEE o adyacente a ésta, o con licencias ilegales británicas de Malvinas?

El sector empresario pesquero debería reaccionar, para oponerse en forma enérgica a la ocupación del Atlántico Sur por parte de estos buques depredadores, entre ellos también los españoles que, subsidiados, extraen sin control un millón de toneladas anuales por un valor de unos dos mil millones de dólares, compitiendo en el mercado internacional con las empresas argentinas y uruguayas y depredando los recursos de las próximas generaciones.

La política de los armadores pesqueros no debiera limitarse solo a las cuestiones extractivas y comerciales, sino también a las portuarias y, muy especialmente, a los acuerdos que los distintos gobiernos, sin ningún análisis de sustentabilidad biológica, económica y social, firman con los países desarrollados que explotan en condiciones muy ventajosas nuestros recursos  en el Atlántico Sur, atentando contra la ocupación territorial, el desarrollo industrial y la generación de empleo.

¿Qué opinan las Comisiones del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, integrada por funcionarios de ambos países?

¿Y el Consejo Federal Pesquero?

¿Y la Cancillería Argentina, que anuncia en el G20 un Acuerdo con China, cuyo contenido, los principales actores de la explotación pesquera desconocen?

Un Acuerdo que no fue previamente tratado en el Consejo Federal Pesquero -en el que participa como miembro activo un diplomático de Relaciones Exteriores-, ni tampoco por el Congreso Nacional.

¿Y el Canciller? Analiza si, según el protocolo, corresponde un servicio francés o inglés y cómo distribuir las copas y los cubiertos. La mesa está a punto de servirse y los comensales chinos son de buen comer. Cuando pasen unos años, nadie se acordará quién era este señor, pero el Atlántico Sur estará ocupado, el caladero agotado como tantos otros mares del mundo y las empresas argentinas quebradas y los trabajadores sin empleo.

Foco de contaminación

Este puerto en la boca de entrada del Río de la Plata no solo ocuparía también un lugar estratégico con relación a la hidrovía, sino que sería un gran foco de contaminación, cuyos efectos serían impredecibles para la región.

La fama de China en la actividad pesquera es ciertamente mala y se le atribuyen la pesca ilegal en las Z.E.E. de los países ribereños. Una docena de países han protestado contra los buques pesqueros chinos por depredación, entre ellos Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, etc.

Queda claro que las áreas 87 y 41 de la FAO son de su interés después de haber depredado todo el mundo. China no es un país al que puede abrirse el mar, por su asimetría con los nuestros en materia de negociación y porque sus embarcaciones no respetan las normas internacionales vigentes ni de los Estados ribereños.

Calamar que se duerme se lo lleva la corriente.

*El Dr. César Augusto Lerena es Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.