El caso, que involucra la promoción de un proyecto financiero por parte del propio presidente Milei, ha desatado fuertes tensiones en el núcleo libertario.
Tras el escándalo, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en el que se deslindó de responsabilidades y anunció medidas para esclarecer los hechos.
La oposición sostiene que el presidente violó la normativa al difundir un activo digital desde sus redes sociales. Piden juicio político y una investigación.
La reacción inmediata del mercado que impulsó el valor del activo digital para luego desplomarlo, generó sospechas de manipulación financiera e irregularidades.