Javier Milei y su gabinete en Casa Rosada para anunciar el DNU de desregulación
Tras el escándalo generado por la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA y su posterior derrumbe, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en el que se deslindó de responsabilidades y anunció medidas para esclarecer los hechos. Se creará una Unidad de Investigación en la órbita de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción analizará si hubo alguna conducta impropia de funcionarios, incluido el propio presidente.
La crisis se desató el viernes por la noche cuando el presidente Javier Milei recomendó en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, impulsada por la empresa KIP Protocol. Horas después, el activo digital experimentó un aumento vertiginoso, alcanzando valores inusitados, para luego derrumbarse drásticamente, generando millonarias pérdidas entre los inversores. La situación desató una ola de críticas, especialmente porque el principal afectado fue un sector del electorado libertario que confió en la promoción del mandatario.
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En un intento por desactivar la polémica, el gobierno eliminó el posteo, pero el impacto ya estaba instalado. Durante el fin de semana, la administración libertaria enfrentó una tormenta de cuestionamientos, con denuncias de posible estafa, pedidos de explicaciones y llamados a la intervención judicial.
En la mañana del domingo, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que negó cualquier participación en la creación o promoción directa del proyecto y aseguró que la difusión en redes se realizó bajo la misma lógica con la que Milei suele apoyar emprendimientos privados en Argentina.
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Según el texto oficial, la relación del presidente con KIP Protocol comenzó el 19 de octubre de 2024, cuando se reunió con sus representantes en Argentina, Mauricio Novelli y Julian Peh, quienes le presentaron su iniciativa de desarrollar un proyecto basado en blockchain llamado "Viva la Libertad", con la supuesta finalidad de financiar emprendimientos privados.
El 30 de enero de 2025, en la Casa Rosada, Milei mantuvo una segunda reunión con Hayden Mark Davis, quien fue presentado como el proveedor de la infraestructura tecnológica del proyecto. Sin embargo, el gobierno enfatizó que Davis no tiene ni tuvo ninguna vinculación con el Estado argentino y que su presencia fue exclusivamente en carácter de empresario privado.
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El comunicado también justificó la eliminación del posteo de Milei sobre la criptomoneda argumentando que, ante la polémica generada, se decidió suprimir la publicación para evitar especulaciones y no continuar amplificando su alcance.
Más allá de las aclaraciones, el gobierno anunció la implementación de dos medidas para esclarecer los hechos:
Intervención de la Oficina Anticorrupción
Milei solicitó a la OA que investigue si existió alguna conducta impropia por parte de miembros del Gobierno Nacional, incluido él mismo. Se trata de una jugada que busca despejar dudas sobre una posible connivencia entre funcionarios y la empresa responsable del lanzamiento de la criptomoneda.
Creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI)
Se conformará un equipo especializado dentro de la Presidencia de la Nación, que incluirá a representantes de organismos con competencias en criptoactivos, actividades financieras y lavado de dinero. La UTI tendrá como misión recopilar información sobre el lanzamiento de $LIBRA, sus creadores y cualquier otro involucrado en la operación. Los resultados serán entregados a la Justicia para determinar si se cometió un delito.
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El episodio generó un fuerte impacto político y financiero. Desde sectores de la oposición no tardaron en denunciar la falta de regulación sobre criptoactivos y cuestionar la actitud de Milei al promocionar un proyecto de inversión sin evaluar su solidez.
En este sentido, Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras en pronunciarse, asegurando que el presidente “operó en la estafa como un gancho digital” y comparando el caso con los escándalos financieros más resonantes de las últimas décadas. Además, el bloque de diputados de Unión por la Patria adelantó que impulsará un pedido de juicio político contra el mandatario.
Por otro lado, Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, también criticó duramente al gobierno:
"Doce bolsos de López se llevaron con esta estafa cripto y el presidente, como mínimo, fue partícipe necesario", ironizó en redes sociales.
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Incluso en círculos libertarios el episodio generó incomodidad. Algunos de los seguidores más acérrimos de Milei se mostraron desconcertados o indignados. Influencers cercanos al gobierno, como El Gordo Dan, llegaron a invertir dinero en la criptomoneda, lo que avivó aún más el malestar dentro del propio electorado.
El escándalo de la cripto golpea en uno de los puntos centrales del discurso de Milei: su supuesta independencia del sistema financiero tradicional y su defensa del libre mercado. Sin embargo, la caída estrepitosa de $LIBRA y la promoción presidencial del proyecto abrieron interrogantes sobre el nivel de responsabilidad del jefe de Estado en el episodio.
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Además, el gobierno se enfrenta a un dilema inédito:
Si la Oficina Anticorrupción o la Justicia encuentran irregularidades, el daño para la administración Milei será mayúsculo, y podría derivar en una crisis de confianza.
Si las investigaciones no arrojan pruebas concretas de delitos, el oficialismo podría utilizar el episodio para reforzar su relato anti-casta, alegando que las críticas forman parte de una maniobra política para desgastarlo.
En cualquiera de los escenarios, el impacto del caso será difícil de disipar a corto plazo. Con una inflación en caída y una baja en la conflictividad social, el gobierno esperaba capitalizar logros económicos en el discurso público.
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