
El Presidente criticó a los manifestantes de la marcha en el Congreso, ratificó su apoyo a Patricia Bullrich y aseguró que eliminará el cepo y las retenciones.
La publicación en redes sociales del presidente Javier Milei en la que mencionó la criptomoneda $LIBRA desató una fuerte controversia política y económica, con denuncias sobre una posible estafa y llamados a la Justicia para investigar el hecho.
Sin embargo, desde el análisis jurídico, la cuestión central es si la publicación del mandatario encuadra dentro de algún tipo penal. Entre las figuras que se han mencionado están las negociaciones incompatibles con la función pública, el fraude informático y el abuso de autoridad, aunque ninguna parece aplicarse con claridad en este caso.
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Para que un delito se configure, es necesario demostrar la existencia de un interés patrimonial, un engaño deliberado o el uso indebido de la investidura presidencial con fines ilícitos, algo que hasta el momento no ha sido probado.
Milei eliminó el mensaje horas después y aclaró que desconocía los detalles del proyecto, lo que generó más cuestionamientos sobre la responsabilidad del presidente al difundir información de impacto financiero sin verificaciones previas.
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Desde la oposición, algunos sectores insisten en impulsar medidas judiciales, mientras que analistas advierten que el debate debería centrarse en la responsabilidad política y comunicacional de los líderes en un contexto de alta volatilidad económica.
El episodio reaviva la discusión sobre el papel de las redes sociales en la gestión de gobierno y los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad institucional. Mientras tanto, el impacto del caso en el ecosistema cripto y en la imagen del gobierno sigue en desarrollo.
El Presidente criticó a los manifestantes de la marcha en el Congreso, ratificó su apoyo a Patricia Bullrich y aseguró que eliminará el cepo y las retenciones.
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