Gobernadores contra los Esquenazi por YPF.
Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) trabajan en una estrategia conjunta para pedir al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007. Según remarcan, la operación escondió maniobras fraudulentas que originaron la demanda millonaria contra la Argentina.
Hasta ahora, la defensa nacional se movió en el plano civil y comercial. Pero los mandatarios buscan trasladar el pleito al terreno penal norteamericano, con la expectativa de que una causa abierta frene el juicio civil que conduce la jueza Loretta Preska.
El argumento se apoya en que los distritos poseen acciones clase B de YPF desde la expropiación de 2012. Esa condición les otorga voz como socios minoritarios, aunque sin poder de control. “Defendemos los intereses provinciales y, por extensión, los recursos que podrían perderse”, sostienen en sus equipos.
El ingreso del Grupo Petersen, financiado con dividendos de la propia compañía y con aval político, es el punto que los gobernadores buscan cuestionar. Si la Justicia estadounidense comprobara que existió un delito, caería la base legal que sostiene la demanda de Burford Capital, fondo que reclama unos US$16.000 millones.
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La movida revela también un juego de poder entre provincias. Mientras Cornejo, Torres y Vidal se muestran activos, Weretilneck (Río Negro) y Figueroa (Neuquén) mantienen silencio, a pesar de que sus distritos también tienen participación accionaria en YPF.
Según trascendió, ambos mandatarios mantuvieron charlas informales pero no confirmaron su adhesión. Esa indefinición genera roces con los otros tres gobernadores, que reclaman una posición unificada frente a un juicio que podría condicionar severamente las finanzas nacionales y provinciales.
El trasfondo político pesa. Neuquén, con Vaca Muerta, y Río Negro, con proyectos energéticos en marcha, son piezas centrales del mapa petrolero. Su silencio se interpreta como una estrategia para no romper puentes con la Casa Rosada en medio de negociaciones por obras e inversiones.
El caso YPF alcanzó un punto crítico en septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a la Argentina por no extender la oferta de compra a todos los accionistas en la estatización. La quiebra del Grupo Petersen y la posterior compra de sus derechos por Burford Capital detonaron el litigio que hoy amenaza las reservas del país.
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La Procuración del Tesoro presentó recursos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Insiste en que la sentencia viola la inmunidad soberana y contradice la ley argentina de expropiación. Sin embargo, los plazos corren y la presión financiera se multiplica.
La apuesta de los gobernadores abre un flanco inesperado. Si la Justicia de EE.UU. abre una causa penal, el proceso civil podría quedar en suspenso y dar aire a la Argentina. La posibilidad de que el FBI se involucre suma un condimento de alto impacto político y judicial.
La pulseada tiene ribetes de riesgo elevado. Una condena definitiva obligaría al país a pagar una cifra que supera las reservas del Banco Central. Un revés penal contra el Grupo Petersen, en cambio, podría desarticular el reclamo de Burford Capital.
En este escenario, los mandatarios buscan mostrar iniciativa y marcar agenda. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la sentencia amenaza los recursos provinciales”, repiten en los despachos.
La incógnita sigue abierta: ¿Weretilneck y Figueroa se sumarán a la cruzada o preservarán distancia? La respuesta definirá si la ofensiva se consolida como un frente provincial unido o queda como una jugada de tres gobernadores que decidieron dar el golpe en soledad.
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