El Gobierno incluyó a miembros de Lafken Winkul Mapu en el registro antiterrorista

El Ministerio de Seguridad nacional incorporó a varios integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu al Registro Público de Personas Vinculadas a Actos de Terrorismo, una decisión que reavivó la tensión en la Patagonia y generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

Según la resolución, la medida afecta a referentes del grupo que ocupó terrenos públicos y privados en Villa Mascardi entre 2017 y 2022, a 35 kilómetros de Bariloche. Entre los nombres incluidos figura Matías Santana, conocido como “el mapuche de los binoculares”, por su testimonio en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

La inclusión en este registro no es solo simbólica: implica restricciones económicas y sociales severas. Los afectados no pueden cobrar Asignaciones Familiares, usar cuentas bancarias o acceder a billeteras virtuales. También se suspendieron beneficios por discapacidad para hijos de algunos de los integrantes.

“Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’”, denunciaron los abogados que representan a Lafken Winkul Mapu. Anunciaron una declaración pública para denunciar la medida y pedir su revisión.

OTRAS NOTICIAS

Destacan el valor de la conservación, pero es necesario fortalecer el trabajo conjunto en Península Valdés

El registro antiterrorista ya incluye a agrupaciones como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Facundo Jones Huala, detenido y también identificado en la lista oficial. Ahora, con la incorporación de Lafken Winkul Mapu, el Gobierno amplía el alcance del instrumento más polémico del Ministerio de Seguridad.

En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de General Roca dictó condenas en suspenso a varios integrantes de la comunidad por usurpación mediante despojo. Los hechos se remontan a 2017, cuando el grupo ingresó a dos terrenos pertenecientes a Parques Nacionales y amplió luego su ocupación a propiedades estatales y privadas.

Durante los años de permanencia en Villa Mascardi, las autoridades registraron daños, incendios y ataques a turistas, lo que derivó en múltiples causas judiciales. En octubre de 2022, la Gendarmería y la Policía Federal desalojaron el lugar por orden judicial.

Además de Santana, el registro incluye a Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi y María Nahuel, todas integrantes del mismo grupo. Desde su incorporación, aseguran que no pueden acceder a servicios básicos ni realizar operaciones bancarias, situación que califican como “inhumana”.

OTRAS NOTICIAS

Milei busca aire en el Congreso mientras se redefine el mapa del poder político

Los abogados sostienen que esta política criminaliza la identidad indígena y vulnera derechos constitucionales. En su reclamo, remarcan que “no existen pruebas de que las comunidades mapuche hayan cometido actos de terrorismo”, y que la medida sienta un precedente peligroso.

Desde el Ministerio de Seguridad justificaron la decisión como parte de un proceso de “actualización del registro” basado en causas judiciales abiertas. Sin embargo, las organizaciones mapuches aseguran que la medida busca disciplinar la protesta territorial y limitar su acceso a políticas sociales.

“Nos están borrando del sistema financiero y del Estado”, expresó uno de los integrantes afectados. “No solo nos persiguen judicialmente, ahora también nos excluyen de todo derecho básico”, agregó.

La comunidad convocó a una conferencia de prensa para este viernes, donde denunciarán públicamente la medida y exigirán su anulación. Mientras tanto, el conflicto reabre un debate que atraviesa la política nacional: cómo conciliar la seguridad con el respeto a los pueblos originarios.