La indemnización por despido nació en 1934 y fue un beneficio exclusivo para empleados de comercio

En medio de los rumores sobre la futura reforma laboral, el debate por la indemnización por despido vuelve al centro de la escena. Lo que pocos recuerdan es que este derecho no nació con alcance general: fue un beneficio exclusivo para los empleados de comercio, creado en 1934 durante la Década Infame.

El contexto era complejo. La Argentina atravesaba las secuelas del crack del ’29 y el golpe de Estado de 1930. La economía giraba alrededor del modelo agroexportador y el acuerdo Roca-Runciman sellaba una dependencia con Gran Bretaña. Mientras tanto, la clase trabajadora comenzaba a organizarse y los conflictos laborales se multiplicaban.

En 1904, el ministro del Interior Joaquín V. González había impulsado un proyecto de Ley Nacional del Trabajo, antecedente de un código laboral moderno. Contaba con apoyo técnico de figuras como Juan Bialet Massé y Pablo Storni, pero fue rechazado por empresarios e ignorado por el Congreso. Los industriales lo consideraron “excesivamente pro-obrero”, y las centrales sindicales lo repudiaron por limitar la acción gremial.

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Ese proyecto frustrado dejó, sin embargo, un legado: la primera ley laboral argentina, la 4661 de descanso dominical, promovida por el socialista Alfredo Palacios.

Durante los años veinte, otros legisladores insistieron con propuestas similares. El radical Leopoldo Bard, por ejemplo, presentó un proyecto para regular las condiciones de los empleados mercantiles, señalando las dolencias físicas y mentales provocadas por las largas jornadas de trabajo. “También los empleados de comercio se enferman”, sostenía, en un texto que anticipó el enfoque sanitario del trabajo urbano.

La protección efectiva recién llegó en 1934, con la Ley 11.729, promulgada durante la presidencia de Agustín P. Justo. La norma modificó el Código de Comercio e incorporó, por primera vez, el derecho a indemnización por despido sin causa, junto con licencias pagas y aviso previo.

La ley fijaba una compensación mínima de medio salario mensual por cada año de servicio. Ese esquema tarifado se convirtió en la base del cálculo que, décadas después, adoptaría la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.

Pero el beneficio tuvo límites claros: solo alcanzó a empleados de comercio. Quedaron fuera los trabajadores rurales, el servicio doméstico y el sector público. El derecho laboral argentino nació fragmentado, construido por sectores y a fuerza de conflictos.

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Con el paso del tiempo, el principio de indemnización se expandió a otras actividades, acompañando el crecimiento sindical y los cambios políticos del país. De una prerrogativa elitista pasó a convertirse en una garantía general.

Hoy, a casi un siglo de aquella ley pionera, la discusión vuelve con fuerza. Entre las alternativas que circulan figuran los “fondos de cese” —que reemplazarían la indemnización tradicional— o la fijación de un tope máximo de diez sueldos.

Desde el Gobierno, Manuel Adorni, jefe de gabinete, desmintió versiones sobre un proyecto en curso. “Cualquier información que no sea comunicada oficialmente es falsa”, escribió en su cuenta de X.

Lo cierto es que la indemnización por despido no nació como un derecho universal, sino como un privilegio sectorial que luego se extendió con la expansión de la legislación laboral. Su historia muestra que cada avance fue fruto de tensiones entre el poder económico, la política y el movimiento obrero.