criptoestafa
La Comisión Investigadora de Diputados avanzó en un movimiento fuerte y decidió recurrir a la Corte Suprema para habilitar el acceso al expediente de la criptoestafa Libra y permitir que los funcionarios citados comparezcan bajo orden de la fuerza pública. El paso judicial dejó en claro el tono político del cierre de una pesquisa que generó tensión entre el Congreso, la Justicia federal y la Casa Rosada.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, condujo una reunión cargada de presión interna, donde los legisladores definieron presentar el recurso extraordinario antes de publicar los dictámenes finales el 18 de noviembre. Cada bloque ya elabora su lectura sobre el rol del Presidente en el caso, un punto sensible desde que el tuit de Javier Milei impulsó un salto fugaz del token Libra, que pasó de un valor insignificante a cifras inesperadas para luego caer sin control.
Los diputados apuntan contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusan de bloquear la consulta del expediente y de impedir que Karina Milei y otros funcionarios concurran bajo apercibimiento. La Cámara Federal ratificó esa postura a fines de octubre y profundizó el enojo político del oficialismo y la oposición dialoguista, que ya venía con cruces por la falta de respuestas desde la Secretaría General.
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La comisión también señaló que la negativa judicial dejó afuera a figuras claves como la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la CNV, Roberto Silva; y el responsable de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc. La ausencia de esos testimonios alimentó la idea de que el caso quedó atrapado en un laberinto procesal que frena la reconstrucción completa del recorrido del token.
En la reunión de hoy se reafirmó la intención de impulsar denuncias contra Martínez de Giorgi, Taiano y varios funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Mariano Puño Libarón, Alejandro Medic, Florencia Cicavo, Roberto Silva, Paula Paulo Stack y Sergio Morales. Para la comisión, esas omisiones y rechazos impiden un análisis transparente de los hechos y complican la búsqueda de responsabilidades.
Ferraro confirmó que la Secretaría Administrativa quedó habilitada para sumar al expediente toda la información que llegue después del 10 de noviembre, una decisión que abre la puerta a nuevos documentos y movimientos sobre los grupos vinculados a la operatoria del token. El diputado recordó que la comisión ya identificó relaciones entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la firma KIP Protocol, un entramado que forma parte del corazón financiero del caso.
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Los legisladores repasaron que la semana pasada trabajaron con información aportada por plataformas exchange, que permitió rastrear una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y 250.000. Ese doble movimiento coincidió, según la pesquisa, con los montos señalados en un supuesto acuerdo entre Hayden Davis y el propio Presidente, un dato que generó una tormenta política desde que trascendió.
La comisión detalló que parte de esos fondos —USDC 30.897— terminó en poder de Novelli, socio central dentro de la operatoria de Libra, mientras que el resto se dispersó en varias billeteras con el propósito de quebrar la trazabilidad. Ese circuito llamó la atención porque replica patrones clásicos de operaciones destinadas a ocultar el origen y destino final del dinero.
Con esa información, los diputados redactan un nuevo oficio para identificar al dueño de la billetera que habría canalizado las transferencias millonarias y distribuido los fondos entre cuentas satélite. Esa búsqueda será una pieza decisiva en los dictámenes que la comisión presentará el 18 de noviembre, donde quedará expuesta toda la pelea política y judicial que hoy rodea al caso Libra.
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