Fuerte polémica por la coparticipación minera: cuánto llega realmente a las provincias

En pleno auge de la minería argentina, impulsada por el litio, el cobre y el oro, crece el debate sobre cómo se reparte la riqueza que genera el subsuelo. Detrás del boom de inversiones y exportaciones, las provincias productoras denuncian una fuerte asimetría en la coparticipación de los recursos, ya que la mayor parte de la recaudación queda en manos del Estado nacional.

Según un informe de Deloitte 2025, las provincias retienen solo el 7,8% de la carga impositiva total de un proyecto minero típico. En contraste, entre el 38% y el 40% de la utilidad bruta se destina a impuestos generales que se centralizan en el Tesoro Nacional. Es decir, las provincias se quedan con una fracción mínima del negocio minero, pese a ser las titulares constitucionales de los recursos.

Las regalías mineras, principales ingresos directos provinciales, están reguladas por la Ley 24.196 de 1993, con un tope del 3% sobre el “valor boca mina”. La Ley 27.743 amplía ese margen hasta el 5% para proyectos nuevos desde julio de 2024. El cálculo se realiza sobre el mineral extraído, descontando costos operativos.

En 2023, las regalías y el canon minero sumaron 434,7 millones de dólares en el sector aurífero, lo que representó apenas el 16% de los pagos totales del rubro. Provincias como San Juan, Santa Cruz y Salta, que concentran el 90% de la producción de oro, muestran una misma tendencia: una gran parte de los fondos se distribuye internamente entre provincias, municipios y ministerios, pero sin alterar el esquema nacional.

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Por ejemplo, San Juan asigna entre el 55% y el 70% de sus regalías a rentas generales, un 20% a municipios y hasta un 12% al Ministerio de Minería. En Salta, el reparto es de 70% al Tesoro provincial, 20% a municipios y 10% a un fondo de promoción minera.

El grueso de la recaudación proviene de impuestos nacionales como Ganancias (25-35%), IVA (21%) y el canon minero federal, que se integra a la masa coparticipable. De ese total, las provincias reciben el 54,66%, más un 2% adicional para compensar a Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Sin embargo, la coparticipación no distingue origen minero, por lo que las provincias productoras no reciben una proporción directa del dinero generado en sus territorios.

Incluso los derechos de exportación, que fueron eliminados para 231 posiciones arancelarias en 2025 —salvo litio y plata, que mantienen una tasa del 4,5%—, son 100% nacionales y no coparticipados. Esto profundiza el desequilibrio: las provincias asumen los costos ambientales y sociales de la actividad, pero no capturan los beneficios fiscales plenos.

En julio de 2025, las transferencias automáticas nacionales crecieron un 11,2% real interanual, pero sin un criterio minero específico. En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios fiscales por 30 años y una alícuota reducida de Ganancias al 25%, lo que podría reducir la recaudación total y, por ende, los recursos coparticipables.

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Ante este panorama, algunas provincias comenzaron a revisar sus marcos regulatorios. En Mendoza, un nuevo proyecto de ley propone dividir las regalías entre el gobierno provincial y los municipios adherentes, destinando los fondos a obras públicas y control ambiental. En Santa Cruz, el fondo UniRSE ya canaliza aportes voluntarios de empresas por 24 millones de dólares anuales, buscando compensar el esquema vigente.

Aun así, los números son contundentes: las provincias mineras reciben menos del 20% directo de la renta total generada por la actividad. Con exportaciones proyectadas en 15.000 millones de dólares para 2025, la discusión por la coparticipación se vuelve urgente.

El dilema es claro: sin una reforma fiscal que mejore la participación provincial, la minería seguirá concentrando riqueza en el centro del país, mientras las regiones productoras cargan con el impacto ambiental, logístico y social del crecimiento extractivo.