Polémica en el Congreso por un proyecto que permite fumigar a solo diez metros de las viviendas
Actualidad11/11/2025
Sergio Bustos
Polémica fumigación.
El debate sobre el uso de agroquímicos volvió a encender la Cámara de Diputados. Un proyecto presentado por el entrerriano Atilio Benedetti (UCR-JxC) propone establecer un marco nacional para las fumigaciones rurales, con distancias mínimas de aplicación que generaron rechazo en amplios sectores sociales y científicos.
La iniciativa, respaldada por legisladores del PRO, Hacemos Coalición Federal y parte de La Libertad Avanza, pretende unificar criterios de control y uso de plaguicidas en todo el país, bajo la idea de garantizar seguridad jurídica a los productores. Pero las organizaciones ambientalistas sostienen que el texto reduce los estándares de protección y legaliza prácticas que hoy se consideran peligrosas.
El proyecto fue discutido la semana pasada en una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Recursos Naturales. Allí, Benedetti defendió su propuesta como una herramienta “federal” que fijaría “presupuestos mínimos” para provincias sin legislación específica, e incluiría capacitaciones obligatorias para aplicadores y control técnico de maquinarias.
Sin embargo, el artículo 9° desató la controversia. Establece que las aplicaciones terrestres y con drones podrían realizarse a solo 10 metros de viviendas, escuelas o cursos de agua, y las aéreas a 45 metros, siempre que no haya viento en contra.
OTRAS NOTICIAS
Para Benedetti, esas distancias son seguras y “respaldadas por estudios técnicos”. Pero las organizaciones ambientales y los expertos en salud pública aseguran que la evidencia científica demuestra lo contrario. “Los plaguicidas pueden desplazarse cientos de metros por deriva y afectar a comunidades rurales enteras”, advirtieron desde la campaña Basta es Basta, que calificó la propuesta como “una ley que no protege, sino que disimula el problema”.
El proyecto replica la ley aprobada en Entre Ríos en 2023, también impulsada por Benedetti, duramente cuestionada por científicos y ambientalistas. Según estos sectores, la iniciativa nacional “excluye a las fumigaciones del derecho ambiental” al no reconocerlas como actividad peligrosa, lo que dejaría fuera de aplicación el principio precautorio que exige la Ley General del Ambiente.
Desde Greenpeace Argentina fueron tajantes: “Fumigar a diez metros no es regular: es retroceder.” La organización denunció que el texto “legitima un modelo basado en agrotóxicos” y que, en lugar de reducir el uso, “consolida su continuidad y rebaja los niveles de protección existentes”.
A pesar de las críticas, los impulsores del proyecto aseguran que busca “profesionalizar” la aplicación de agroquímicos mediante recetas agronómicas emitidas por profesionales matriculados, productos autorizados por SENASA y un registro nacional de equipos pulverizadores.
OTRAS NOTICIAS
El texto también propone monitoreos ambientales y epidemiológicos, aunque las organizaciones señalan que no establece sanciones claras ni mecanismos de control efectivos. “Sin fiscalización, cualquier monitoreo se vuelve un formalismo”, advirtió la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
En Argentina se aplican cada año más de 500 millones de litros de plaguicidas, varios de ellos prohibidos en otros países. Investigaciones del CONICET y universidades nacionales relacionan su exposición con enfermedades respiratorias, malformaciones y cáncer en zonas rurales.
Mientras tanto, el dictamen del proyecto quedó postergado. Las asociaciones que no pudieron exponer reclaman audiencias públicas y un debate con participación social antes de avanzar hacia el recinto. “No se puede legislar sobre salud pública sin escuchar a quienes viven al lado de los campos fumigados”, remarcaron desde las asambleas ambientales.
El Congreso enfrenta ahora un dilema que trasciende las fronteras del agro. Entre la producción y la salud, la distancia no parece ser solo de diez metros.
Te puede interesar
