Más de 50 acreedores impugnaron a Grassi y cuestionan el cram down de Vicentin

El proceso de cram down de Vicentin entró en una fase decisiva luego de que más de 50 acreedores presentaran impugnaciones contra Grassi S.A., la empresa que el juez Fabián Lorenzini había considerado como la primera en comunicar la obtención de conformidades suficientes para avanzar con el acuerdo preventivo.

Las impugnaciones no provienen sólo de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), que compitieron con su propia propuesta, sino también de bancos, acopios y firmas comerciales. Entre los objetores figuran el Banco Hipotecario, Banco Santander, Unión Agrícola de Avellaneda, Enrique Zeni, Mariscotti SRL, Bresur Cereales, Agroganadera Martín Hermanos, Emilio Basavilbaso y otros, en una lista que supera las cinco decenas de presentaciones.

El documento más extenso, elaborado por Molinos Agro y LDC, sostiene que “Grassi no obtuvo las mayorías necesarias para acceder a la homologación”, ya que en el cálculo se incluyeron acreedores que no deberían haber votado. Uno de los puntos centrales es el caso de Commodities S.A., una sociedad controlada por Grassi, cuya participación estaría prohibida por el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras.

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Otra objeción clave es el voto de Avir South S.A.R.L. Las dos agroexportadoras remarcan que no es acreedor original de Vicentin, sino cesionario reciente, y que su incorporación respondería a una alianza entre Grassi y CIMA Investments. Para ambas empresas, Avir South “es una pantalla de la que Grassi se vale para imponer su propuesta”, lo que configuraría un clásico esquema de “tráfico de votos”.

La impugnación también recuerda que CIMA Investments —propiedad de Esteban Antonio Nofal— adquirió en 2023 y 2024 las acreencias concursales de IFC, FMO, Natixis, Rabobank, MUFG, ING y SMBC. Esos créditos representan el 37% del pasivo quirografario, y los objetores sostienen que los fondos para la operación “salieron de Grassi y sus aliadas”, con el fin de construir una mayoría a su favor.

Según los cálculos presentados por Molinos y LDC, si se excluyen los votos cuestionados, Grassi sólo tendría el 46,20% del capital legítimo, insuficiente para ganar el cram down. “Llegó primero, pero sin las mayorías requeridas”, señala el texto.

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Otro eje de debate es el voto de Vicentin Paraguay. Las empresas impugnantes sostienen que el sufragio es inválido porque fue emitido sin autorización de los interventores, a quienes Lorenzini otorgó la administración plena de la concursada y sus sociedades vinculadas. Consideran que se trata de un voto “ilícito”, emitido en violación del régimen previsto en los artículos 15 y 16 de la LCQ.

Tras la avalancha de impugnaciones, el juez abrió un período para que Grassi responda a cada presentación. Luego intervendrá la sindicatura, cuyo dictamen será clave para que Lorenzini defina si las mayorías de Grassi son válidas o no. Todo indica que la resolución final podría estirarse hasta el primer semestre de 2026, prolongando uno de los procesos concursales más complejos del país.