Gobierno y CGT abren una negociación urgente para evitar una guerra por la reforma laboral
Actualidad25/11/2025
Sergio Bustos
La nueva CGT.
La Casa Rosada y la CGT entran en una fase decisiva: en los próximos días comenzará una negociación contrarreloj para intentar evitar un choque frontal por la reforma laboral que elaboró el Consejo de Mayo y que el sindicalismo rechaza casi en bloque. El oficialismo busca llegar al Congreso con un texto acordado y, sobre todo, sin un conflicto que escale en plena discusión del Presupuesto 2026.
El Gobierno prevé presentar la versión oficial del proyecto el 15 de diciembre, por lo que las conversaciones serán breves y estratégicas. La mesa política que llevará adelante las tratativas estará integrada por el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, tres funcionarios con línea directa con Karina Milei, que concentra cada vez más poder en la arquitectura gubernamental.
La señal se empezó a enviar hace diez días, durante la conferencia industrial de la UIA, cuando Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo (vidrio) y Jorge Sola (seguros). Allí insistió en que el Gobierno los convocaría y pidió no creer en los trascendidos. “Hay voluntad de llegar a un acuerdo”, les dijo el ministro para bajar tensiones.
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La CGT, sin embargo, espera la citación formal y ya trabaja en su estrategia. Con apoyo de abogados y diputados de extracción gremial, la central obrera analiza el último borrador para diseñar una contrapropuesta, una herramienta clave para llegar a la mesa con margen de maniobra y evitar una negociación a libro cerrado. La advertencia ya está hecha: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, avisó Sola.
Los gremios buscarán derribar los artículos que consideran más sensibles: regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, prioridad de los convenios por empresa, recorte de las cuotas solidarias, reglamentación de las asambleas en fábricas y otros puntos que afectan directamente el poder estructural de la CGT.
En el Gobierno creen que ese bloque —vinculado al derecho colectivo— es el más difícil de negociar y reconocen que el sindicalismo pondrá allí su resistencia más firme. En cambio, observan menos conflictividad en los cambios sobre el derecho individual, como el banco de horas o el fraccionamiento de las vacaciones, que suelen discutirse en cada empresa.
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Aun así, en la Casa Rosada admiten que algunos artículos podrían atenuarse para evitar una ruptura total. Incluso un funcionario duro como Federico Sturzenegger, identificado como el arquitecto del DNU 70, habría aceptado introducir matices para preservar la “paz social”. Pero la advertencia oficial se mantiene: “Tenemos el mandato de la gente para llevar adelante las reformas que el país necesita”, sostuvo un referente libertario.
El punto más delicado para la CGT es la reforma de las cuotas solidarias, el aporte compulsivo que se descuenta a todos los trabajadores —afiliados o no— y que financia el 100% de los sindicatos. En la central obrera lo definen como un nervio vital para la estructura gremial. No es casual que apenas iniciado el gobierno de Milei, cuando el DNU 70 ya proponía limitar ese mecanismo, un dirigente de peso como Armando Cavalieri advirtiera a la ministra Sandra Pettovello que esa restricción podía llevar a su gremio “a la quiebra”.
Sturzenegger insiste en mantener la poda a las cuotas solidarias —a las que llamó “peaje sindical”—, pero otros funcionarios plantean un camino intermedio: aplicar topes del 2% del salario y exigir una contraprestación explícita para justificar el descuento. El objetivo es reducir la caja sindical sin provocar una ruptura inmediata.
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El contexto político también juega. El Gobierno quiere llegar a la reunión con el respaldo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, un capital político que usará como herramienta para presionar al sindicalismo. Sin embargo, al menos tres mandatarios ya avisaron que no avalarán “cualquier tipo de cambio” en la legislación laboral y se mostraron dispuestos a llevar la postura cegetista a la mesa con Santilli.
La tensión no se reduce a la reforma laboral. La CGT también cuestiona la Ley de Libertad Educativa, rechazada por el dirigente cegetista Sergio Romero (UDA), quien acusa al Gobierno de “serruchar el sistema de educación” y promete llevar el reclamo al Consejo de Mayo.
Mientras tanto, la Casa Rosada tomó medidas para blindar el último borrador de la reforma laboral: el Consejo de Mayo pasó de 15 a solo 3 integrantes para evitar filtraciones después de que trascendiera un texto viejo con un tope de 10 sueldos para indemnizaciones, una idea ya descartada que generó ruido interno y externo.
En este escenario, la CGT enfrenta días decisivos. Intentará frenar la versión más dura del proyecto, pero no será fácil que termine convalidando los cambios que impulsa Milei, incluso si el Gobierno suaviza algunos puntos. Todo quedará bajo el filtro del ala dura del gremialismo, que presiona para rechazar por completo la reforma y romper con el oficialismo si no hay concesiones claras.
La batalla por la reforma laboral entra así en su tramo crítico. Lo que ocurra en esta mesa de negociación definirá no sólo el futuro del proyecto, sino también el clima político que acompañará al Gobierno en el cierre del año.
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