El gasto social evitó que 2,6 millones de personas cayeran en la indigencia

El nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el efecto de las transferencias de ingresos focalizadas en niñez y adolescencia y cuantificó su peso como barrera frente a la pobreza extrema. Según el estudio, sin estos programas, 2,6 millones de personas adicionales habrían quedado por debajo de la línea de indigencia, lo que representaría un incremento del 82% respecto del nivel actual.

El trabajo identificó a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y el Plan 1.000 Días como el núcleo de políticas que opera como un “piso de ingresos” para hogares vulnerables. Ese grupo constituye uno de los componentes más relevantes del gasto social nacional por cobertura y por impacto directo en la reducción de la indigencia.

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El informe también evaluó la evolución del poder de compra de cada prestación. La AUH mostró una recuperación sostenida desde fines de 2023, momento en el que registró un incremento inicial del 100%. Luego mantuvo estabilidad real debido a su esquema de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor. Esa dinámica la posicionó entre los beneficios que lograron sostener su valor frente a la inflación.

La Prestación Alimentar, en cambio, evidenció un deterioro continuo. Los ajustes se realizaron de manera discrecional y no mediante un mecanismo automático, lo que derivó en aumentos insuficientes para compensar las variaciones de precios. El informe marcó esa diferencia como un factor que afecta la capacidad de protección del beneficio frente a la inflación.

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El Plan 1.000 Días mostró un comportamiento distinto. Después de un aumento nominal del 500% en 2024, su valor real se mantuvo estable, lo que reforzó su rol dentro del esquema de asistencia para madres gestantes y familias con niños pequeños.

En paralelo, el documento destacó la expansión del entramado social durante los últimos quince años. La cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. La inversión asociada se mantuvo alrededor del 1% del PBI, un porcentaje que reflejó la continuidad de las políticas de transferencia en un contexto de crecimiento sostenido de la población vulnerable.

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Sin embargo, el análisis planteó que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener situaciones de vulnerabilidad que a la consolidación de una política universal. El estudio concluye que la efectividad del esquema depende de la capacidad del país para generar crecimiento económico, condición indispensable para reducir la dependencia de los programas de asistencia.

Fuente: NA.