Ley de IA en extraordinarias: Buenos Aires apura al Congreso y el sector alerta por “burocracia”

El Congreso entró en modo maratón después de que el Gobierno anunciara la extensión de las sesiones extraordinarias en diciembre. La agenda ya venía cargada con Presupuesto 2026, reforma laboral, reforma tributaria y una reforma integral del Código Penal. Ahora se mete otro tema que gana volumen: una ley nacional para regular la inteligencia artificial.

El empuje no nace solo en el Palacio Legislativo. En noviembre, la provincia de Buenos Aires aprobó la primera regulación subnacional sobre IA en el Estado y la publicó como Resolución 9/2025. Ese antecedente mete presión: si Nación no avanza, la regulación puede quedar fragmentada por provincia, con criterios distintos y conflictos de implementación.

La normativa bonaerense busca ordenar el uso de sistemas algorítmicos dentro de la administración pública. Plantea reglas de uso responsable, fija obligaciones de reporte y marca límites sobre aplicaciones consideradas de alto riesgo. En paralelo, instaló un concepto que sobrevuela la discusión nacional: la IA ya se usa en el Estado y necesita reglas claras.

En Diputados, el debate ya tiene recorrido. Desde mediados de año la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva recibió más de diez iniciativas que proponen un marco legal para el diseño, la aplicación y la contratación de sistemas de inteligencia artificial.

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En el centro del proyecto aparece una idea que se repite: transparencia y control sobre decisiones automatizadas. El objetivo es exigir criterios mínimos de explicabilidad, protección de datos personales y límites al uso de tecnologías de “riesgo inaceptable”, como aquellas capaces de manipular conductas o vulnerar derechos.

También asoman principios que buscan ordenar el texto: neutralidad tecnológica, centralidad de la persona humana, no discriminación y seguridad. En esa línea, el proyecto plantea que quienes diseñen o implementen sistemas de IA deben demostrar responsabilidad sobre cómo funcionan y qué efectos producen.

Pero el debate no viene “limpio”. El Gobierno se muestra reticente a una regulación pesada y mira con simpatía un enfoque más liviano, con menos trabas, en sintonía con una lógica pro innovación. Ahí aparece el choque: cuánto control es necesario sin convertir la ley en un freno.

El sector empresarial agrupado en Argencon salió a cuestionar el dictamen en términos duros. La entidad advierte que el esquema propuesto puede ser “intervencionista y burocrático” y que terminaría frenando adopción social, inversión y competitividad tecnológica, sobre todo si se apoya en registros, auditorías y certificaciones previas.

Argencon remarca, además, que la IA generativa ya impacta en industria, comercio, educación, salud y vida cotidiana. En su visión, Argentina necesita acelerar su despliegue y no cargarlo con controles que queden viejos rápido. El punto de fondo es económico: empleo, empresas y exportaciones dependen de la orientación del marco regulatorio.

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Del otro lado aparecen miradas que piden equilibrio. Algunos especialistas sostienen que una norma bien diseñada puede fomentar innovación responsable, porque da previsibilidad y evita que cada empresa “invente su propia ética” sin rendir cuentas. También subrayan que documentar decisiones automatizadas y explicar modelos no es solo compliance: exige cultura organizacional y equipos capaces de acompañar al usuario.

El debate suma un concepto que funciona como puente entre ambas posiciones: los sandboxes regulatorios. Son entornos controlados para probar soluciones, ajustar reglas y aprender con evidencia, sin soltar seguridad ni derechos. Bien usados, pueden reducir resistencia interna, atraer inversión y acelerar adopción sin exceso de burocracia.

La discusión también abre otra pregunta: ¿Argentina puede convertirse en un hub de IA? Hay quienes dicen que sí, pero ponen condiciones: estabilidad macroeconómica, infraestructura robusta, energía competitiva, conectividad de calidad y políticas claras de datos y ciberseguridad. Sin eso, cualquier ley queda corta.

En el corazón del proyecto aparecen mecanismos de protección para personas: revisión humana, rectificación y supresión de datos, y corrección de sesgos discriminatorios. La meta declarada es bajar el riesgo de decisiones automatizadas injustas o inapelables y convertir la “caja negra” en sistemas auditables.

Con extraordinarias extendidas y el antecedente bonaerense sobre la mesa, el Congreso tiene una presión extra: evitar una Argentina partida en regulaciones distintas. El dilema no es si regular o no. El dilema es si la ley va a ordenar sin asfixiar, o si va a dejar el tema librado a parches provinciales y disputas permanentes.