El nuevo jefe de la Armada será testigo en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Actualidad11/12/2025
REDACCIÓN
jefe de la Armada Juan Carlos Romay
El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron 44 tripulantes, tendrá entre sus testigos al actual jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, convocado a pedido de una de las defensas. La audiencia se realizará en los tribunales federales de Río Gallegos desde el 3 de marzo de 2026, luego de una serie de resoluciones que ordenaron la agenda del proceso y fijaron quiénes expondrán ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz.
Romay fue designado el 3 de diciembre como titular de la fuerza por decisión del presidente Javier Milei, a sugerencia del ministro de Defensa Luis Presti, y hasta ese momento cumplía funciones como director de Educación de la Armada. Su convocatoria surge del planteo de la defensa del capitán de navío Claudio Villamide, uno de los imputados, que busca interrogar al jefe naval sobre reglamentos internos y sobre el alcance de la línea de mando al momento del siniestro, con la intención de respaldar su estrategia jurídica.
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La estructura del juicio comenzó a delinearse la semana pasada, cuando el tribunal compuesto por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez realizó la audiencia preliminar para revisar la prueba. Allí se confirmó que declararán cerca de 90 testigos, y la fiscalía solicitó además la presencia del exministro de Defensa Luis Petri. Según se indicó, el orden de convocatorias quedará definido después del 15 de febrero de 2026, mientras que no se llamará a los exfuncionarios Mauricio Macri y Oscar Aguad, cuyos nombres habían sido mencionados en instancias previas.
La querella mayoritaria, representada por la abogada Valeria Carreras, anticipó que Romay deberá aportar información sobre el funcionamiento interno de la fuerza. La letrada sostuvo que el jefe naval “deberá brindar informes sobre estado de material de la Armada y responder por cadena de mandos, roles y funciones de cada funcionario de la fuerza”, y agregó que “también será consultado sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y la fuerza”. Carreras señaló además que esperan respuestas vinculadas a “las medidas adoptadas después del hecho para que no vuelva a repetirse”, una línea que apunta a revisar decisiones posteriores al hallazgo del submarino.
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En el momento del naufragio, Romay estaba a cargo de la Fragata Libertad, y luego asumió la dirección de la Escuela Naval antes de su ascenso a la conducción de la Armada. Aunque no tuvo participación directa en la operación de submarinos, su formación incluye una intervención en el Curso Internacional de Juegos de Guerra en la US Navy en 2018, además de una maestría en Relaciones Internacionales cursada ese mismo año en la Salve Regina University, en la ciudad de Newport, Estados Unidos.
La causa principal se concentra en los hechos que rodearon la desaparición del ARA San Juan, un submarino diésel eléctrico que perdió contacto con la base naval de Mar del Plata el 15 de noviembre de 2017. El buque fue hallado un año después, el 16 de noviembre de 2018, a 900 metros de profundidad, durante una operación del navío noruego Seabed Constructor. Esa etapa de la investigación permitió reconstruir parte del recorrido previo al siniestro, pero dejó pendientes definiciones sobre responsabilidades dentro de la estructura militar.
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En marzo de 2026 serán juzgados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, todos imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por muerte. El tribunal analizará los planteos de las partes y las pruebas documentales y testimoniales que se incorporarán durante las audiencias.
Una línea paralela de la causa quedó cerrada este año. Se trata del expediente por espionaje ilegal a familiares de las víctimas, iniciado en el juzgado federal de Dolores y que tuvo como imputados al expresidente Mauricio Macri, al extitular de la AFI Gustavo Arribas, a Silvia Majdalani y a ocho exagentes del organismo. El 28 de septiembre, la Corte Suprema dejó firmes los sobreseimientos, lo que dio por concluida esa investigación. En aquella causa había declarado como testigo Alejandro Cecati, actual titular de la Agencia de Seguridad Nacional de la SIDE, quien entonces integraba la custodia presidencial.
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