DNU para reformar el Conicet: más poder a universidades y giro productivo

El Gobierno nacional avanza con un plan para reformar el Conicet mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la forma en que se asignan fondos y se eligen proyectos de investigación. La iniciativa, que se trabajó antes de las elecciones de octubre, apunta a centralizar decisiones en las universidades y alinear los estudios con intereses productivos provinciales.

Según fuentes oficiales, la intención es “reordenar los incentivos de las investigaciones” y diseñar un esquema que combine autonomía regional con procesos más concentrados en las instituciones educativas. La Casa Rosada busca que “cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, con énfasis en energía, minería y producción local.

El mensaje político es claro: el Gabinete quiere que la investigación científica tenga impacto directo en la modernización de la producción nacional. Para eso, los equipos técnicos sostienen que la reforma permitirá descentralizar la identificación, selección y priorización de proyectos, pero con una mirada estricta sobre la demanda productiva.

En esa lógica, en Balcarce 50 trazan un límite a los estudios que no encajan en ese esquema. “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”, señalan en tono irónico, como ejemplo de lo que consideran uso ineficiente de recursos.

OTRAS NOTICIAS

El puerto de Madryn afianza tarea ambiental para el tratamiento de residuos generados por Cruceros

Desde la Casa Rosada confirman que los borradores del DNU pasaron por los equipos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. “Solo falta definir cuándo sale”, admiten fuentes oficiales.

Hoy el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores, entre ellos 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos, y maneja un presupuesto de 580 mil millones de pesos. La estructura integra 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia, un centro multidisciplinario y más de 300 institutos de doble o triple dependencia con universidades.

En la conducción, el organismo se organiza alrededor de un directorio de ocho miembros más un presidente, Daniel Salamone, designado por el Gobierno. Los directores surgen de ternas propuestas por investigadores, universidades, cámaras industriales, representantes del agro y el sistema científico provincial, con mandatos de cuatro años y renovación parcial cada dos.

Si bien el Ejecutivo postergó una reforma más profunda con recortes de departamentos, ahora apunta a cambiar los procesos de ingreso y promoción dentro del organismo. La idea que circula en los despachos oficiales es priorizar perfiles técnicos vinculados a energía, minería y salud, mientras se relega a un segundo plano a las ciencias sociales y las humanidades.

En el sistema científico ya se encienden alarmas. Los críticos sostienen que un giro tan fuerte hacia la lógica productiva puede reducir la diversidad de líneas de investigación y golpear campos que estudian la democracia, la desigualdad, la educación o la cultura, ámbitos que no siempre se traducen en indicadores económicos rápidos.

Con el DNU en la recta final, la discusión sobre el futuro del Conicet deja de ser un tema interno del sistema científico y pasa a ser un debate sobre qué conocimiento financia el Estado y para qué modelo de país.