Acceso y control: el análisis detrás de la pesca artesanal en Chubut

La pesca artesanal en la Patagonia sostiene trabajo, identidad y una parte silenciosa de la economía regional, pero convive con obstáculos que se repiten de costa a costa. En una entrevista con el programa “El Quinto Poder” por #LA17, la investigadora adjunta del CONICET e integrante del CECIMAR, Ana Cinti, describió un escenario donde la informalidad laboral y el acceso restringido a los lugares de trabajo se combinan con una ausencia de control que, lejos de ordenar, termina multiplicando los problemas.

Cinti contó que en reuniones recientes, una mesa redonda y un taller, el eje principal giró en torno a “la informalidad laboral” y a la dificultad de avanzar en la formalización de toda la cadena de valor vinculada a la actividad. Remarcó que la problemática no se limita a un punto específico del mapa: dijo que observaron situaciones similares en proyectos desarrollados más al sur, con referencias a zonas como Comodoro, Camarones y Puerto Deseado, lo que muestra una dinámica extendida en la región.

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El segundo frente, según planteó, es el acceso físico a la costa. La investigadora lo definió como una dificultad “de larga data” en Patagonia, atravesada por la propiedad privada y por la falta de cumplimiento de normas que, sostuvo, deberían proteger tanto a quienes trabajan como a cualquier ciudadano. En ese sentido, explicó que existen marcos legales de distinto nivel, y resumió el núcleo del conflicto con una idea simple: si el acceso se corta, el que pierde no es un actor aislado, sino todo el entramado que depende del territorio.

Lejos de presentar el cierre como una respuesta, Cinti cuestionó esa salida. “No hacer nada también es tomar una posición”, afirmó, y sumó una advertencia que atraviesa toda la discusión: “hay que implementar la ley”. Para la investigadora, la falta de aplicación concreta empuja a que las soluciones aparezcan tarde, cuando el conflicto ya explotó, y entonces se recurre a acuerdos puntuales que operan como parches entre partes, sin resolver el problema de fondo.

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La entrevista también corrió el foco hacia otro punto sensible: el mal uso de la costa cuando no hay regulación ni presencia Estatal. Cinti describió un escenario donde conviven pescadores, turistas y visitantes, y donde el desorden termina en impactos ambientales y choques entre actores. Mencionó incendios, basura y destrozos sobre ecosistemas frágiles: “humedales, médanos” y también daños sobre fauna, en una enumeración ligada a prácticas que se repiten cuando no existe control ni educación ambiental en territorio.

La investigadora, propuso, como referencia, la figura de alguien presente en el lugar, capaz de controlar y orientar, en un esquema similar al que funciona en zonas con regulación turística y ambiental. “Con una presencia de una persona… controlando, educando a la gente”, planteó, al describir un modelo de intervención mínima pero constante, que previene en lugar de reaccionar cuando el problema ya se instaló.

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Cinti también defendió el valor histórico y regional de la pesca artesanal, con un enfoque que excede la coyuntura. Dijo que en la Península es una actividad relevante y vinculó su consolidación a procesos que derivaron en iniciativas de protección marina, además de relacionarla con prácticas antiguas de recolección. Otro aspecto de su diagnóstico fue la desigual atención pública entre sectores. Cinti afirmó que la pesca industrial recibe mayor mirada y recursos, mientras la artesanal queda relegada, en un desequilibrio que atribuyó a la lógica económica. Sostuvo que existen normas y propuestas incluso impulsadas por el propio sector, articuladas con Provincia y espacios académicos, pero que el problema aparece después: “la implementación es lo que está ahí ya como faltando”.

Al describir el caso de Península, la investigadora señaló que el cierre de grandes extensiones de costa se naturalizó con el tiempo. “Nos acostumbramos a que solamente se puede entrar” en determinados puntos, dijo, y lo completó con una pregunta directa: “¿Está bien? No, no está bien”. Desde esa perspectiva, el acceso no es un privilegio, sino un derecho que requiere acuerdos, presencia y reglas claras para evitar que el conflicto derive en prohibición total.