Buque estadounidense Roger Revelle para investigar en el Atlántico

El Consejo Federal Pesquero (CFP) comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que “no presenta objeciones” para que el buque Roger Revelle, de bandera de Estados Unidos, realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas. La autorización se proyecta a partir del 5 de marzo de 2026, en un esquema que involucra a distintos organismos nacionales. La decisión se expresó luego del análisis de las actuaciones administrativas vinculadas al pedido.

El trámite llegó a la Cancillería Argentina a través de la Embajada de los Estados Unidos, que solicitó el permiso formal para el ingreso y operación del barco científico. En la presentación se describió al Roger Revelle como un buque de investigación de clase global con capacidad para trabajar en distintas regiones oceánicas. La campaña se inscribe en una agenda internacional de mediciones oceanográficas y monitoreo ambiental.

En el plano local, el dato que sumó relevancia fue la participación de un organismo argentino en la misión. El INIDEP prestó conformidad para que la Dra. Carla Berghoff, investigadora del instituto, embarque como observadora argentina. Esa presencia permite un seguimiento directo de la actividad científica en el mar y aporta un canal institucional de intercambio de información.

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El CFP expresó que, dentro de su competencia, no observa impedimentos para que se autorice el trabajo del barco en espacios marítimos sujetos a soberanía y jurisdicción nacionales. En su texto, el organismo dejó asentado que “no tiene objeciones que formular” para la realización de la campaña durante el período señalado. El aval se enmarca en la normativa vigente y se canaliza por las vías formales correspondientes.

Más allá de la autorización, el expediente incluyó un punto sensible: el acceso a la información generada durante la campaña. Se solicitó a la Subsecretaría de Pesca y Recursos Acuáticos que, por la vía correspondiente, requiera al Estado solicitante la entrega de documentación técnica. La intención es contar con material clave para el seguimiento científico y administrativo antes de que los resultados circulen públicamente.

El pedido incluye “todos los datos básicos, informes preliminares y finales generados durante la campaña, con anterioridad a su publicación”. Esa condición marca un criterio de control y coordinación, especialmente cuando se trata de investigaciones en aguas bajo jurisdicción nacional. También apunta a evitar demoras o conflictos posteriores con los tiempos de autorización y las consultas internas.

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La campaña tiene un objetivo científico definido y se articula en un programa internacional. El crucero está organizado bajo el Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Program (GO-SHIP), orientado al seguimiento de variables oceánicas a escala global. Según el texto, el objetivo principal es rastrear cambios en temperatura, niveles de oxígeno y dióxido de carbono de origen humano en el Océano Atlántico, con comparación frente al último estudio de 2014.

El buque, operado por la Universidad de California San Diego, cuenta con financiamiento de agencias estadounidenses como NOAA y la NSF. En términos operativos, la campaña se apoya en un barco con autonomía prolongada y capacidad para instrumentación especializada. Ese tipo de despliegue permite mediciones continuas durante semanas y el uso de equipamiento para muestreos complejos.

En el detalle técnico informado, el Roger Revelle tiene 83,26 metros de eslora, 16 metros de manga y un calado máximo de 17 pies (5,18 metros). También se indicó que posee alta capacidad para desplegar equipos como ROV y rosetas, una autonomía de hasta 60 días y una capacidad de navegación de 15.000 millas náuticas a 12 nudos. Esos parámetros explican por qué se lo utiliza en campañas de largo alcance en distintas regiones del mundo.

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En paralelo, el CFP pidió que se respeten los plazos reglamentarios para evitar complicaciones administrativas. El texto remarcó la necesidad de cumplir tiempos que permitan completar consultas internas con organismos competentes. En ese sentido, se buscó ordenar el circuito de autorización y asegurar que la información llegue en tiempo y forma.

Con la fecha de inicio prevista para marzo de 2026, la campaña se encamina a convertirse en una de las operaciones científicas internacionales más relevantes del año en aguas jurisdiccionales argentinas. El aval institucional, la presencia de una observadora argentina y el pedido de acceso a resultados antes de su publicación muestran un esquema de coordinación con condiciones claras. La decisión deja en primer plano el rol del Estado en el seguimiento de investigaciones en el mar.