El intendente de Cholila denunció la venta de donaciones para damnificados por parte de "falsos voluntarios"

Silvio Boudargham acusó a “falsos voluntarios” de vender ayuda destinada a damnificados. La Policía halló un camión con 60 tanques y dio intervención a Fiscalía.

En Cholila, la escena que debía ser de alivio para familias golpeadas por el incendio terminó cruzada por una sospecha pesada: donaciones que no llegaban a destino. El propio intendente Silvio Boudargham tomó la decisión de formalizar una denuncia y lo hizo en primera persona, en la comisaría local. La acusación apunta a un grupo de personas que, según lo denunciado, trasladaba ayuda desde San Carlos de Bariloche y la convertía en mercadería.

El hecho se conoce mientras el dispositivo de asistencia todavía se mueve con urgencias concretas, en una localidad que arrastra daños recientes por la voracidad del fuego. En ese contexto, la denuncia no discute una irregularidad menor: discute la traición a una cadena de solidaridad que se activa cuando todo falta. Y plantea una pregunta incómoda para cualquier comunidad pequeña: quién controla, cómo se recibe y qué pasa con lo que llega.

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Según el escrito al que alude el texto, Boudargham sostuvo que los acusados “traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio”. Esa frase, por su peso, se vuelve el eje del caso porque describe un circuito simple: la ayuda entra por un punto y sale por otro, pero no hacia las familias. El intendente aseguró que descubrió la maniobra mientras colaboraba con la asistencia a damnificados.

Los señalados fueron identificados como “M.R.” y “J.C.”, y el texto indica que eran receptores de elementos enviados para ayudar a quienes perdieron o sufrieron consecuencias directas del siniestro. En una emergencia, ese rol de “receptor” no es simbólico: concentra confianza y manejo de recursos. Por eso, la sospecha de uso indebido no solo genera indignación, también obliga a revisar mecanismos de distribución.

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Tras la denuncia, la Policía avanzó con una investigación rápida para ubicar a las personas involucradas y rastrear lo que estaba pasando con la carga. Esa intervención derivó en una constatación concreta: la presencia de un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno. En una zona donde el agua es un recurso crítico, ese hallazgo dimensiona el alcance del caso.

Los agentes entrevistaron al chofer del vehículo y la explicación que figura en el texto deja ver cómo se intentaba justificar la operación. El conductor dijo que había “5 o 6 tanques donados para entregar”, pero que el resto se ofrecía al público porque no se había recaudado dinero suficiente para entregar todo como donación. En esa versión, la donación parcial convivía con una venta directa, una combinación que, en la práctica, rompe el sentido original de la ayuda.

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El mismo relato incluye un dato que refuerza el carácter comercial de la maniobra: los tanques se ofrecían a un “precio moderado” de entre $110.000 y $150.000. Esa cifra, en medio de una emergencia, explica por qué el caso tomó el tono de escándalo en la localidad. No se trata solo de objetos, sino de bienes que deberían haber llegado a quienes quedaron más expuestos tras el incendio.

Hasta el momento, el texto aclara que no hubo personas detenidas, aunque las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía de la Comarca Andina. Esa intervención marca que el caso deja el plano político o moral para entrar en una investigación formal, con responsabilidad penal a determinar. También abre una etapa en la que será clave establecer cuántas donaciones se recibieron, cuántas se entregaron y qué parte terminó fuera del circuito solidario.