Durante meses cobró montos ajenos, los usó y no informó el fallo. El caso avanza en Florida y abre un frente penal con penas severas.
El expediente ya está en manos de la Justicia y la consecuencia es extrema: una empleada enfrenta una posible condena de hasta 30 años de prisión por quedarse con dinero que sabía que no le correspondía. El caso se originó en un error administrativo de sueldos, pero escaló por la conducta posterior y sostenida de la involucrada.
La protagonista es Yessica Arrua, una argentina que se desempeñaba como recepcionista en una clínica veterinaria para caballos en Florida. Había ingresado en 2013 y trabajó casi una década sin conflictos, con un salario anual cercano a 60 mil dólares. Todo cambió cuando, desde febrero de 2022, comenzaron a acreditarse montos muy superiores a su sueldo real.
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Lo despidieron por mirar series en el trabajo, pero la justicia ordeno indemnizarlo con 39 mil eurosEl desvío no fue menor ni aislado. Durante casi un año, Arrua recibió transferencias que correspondían a otra empleada de la clínica, una veterinaria con ingresos anuales de 400 mil dólares. La recepción de ese dinero se repitió mes a mes, sin que mediara aviso a la empresa para corregir el error.
Lejos de inmovilizar los fondos o reportar la situación, la recepcionista utilizó el dinero en distintos gastos. Según consta en la causa, realizó compras personales, viajes, ayudas económicas a familiares en Argentina y financió un camión de comida para una allegada. El total cobrado de más rondó los 400 mil dólares.
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La irregularidad salió a la luz recién en enero de 2023, cuando la veterinaria afectada advirtió que sus tarjetas eran rechazadas. Al revisar su situación, detectó que no había recibido su salario y confrontó a Arrua, quien reconoció de inmediato que sabía que estaba cobrando montos que no le correspondían.
La clínica revisó entonces los pagos y confirmó que el dinero se había depositado de manera sistemática en la cuenta de la recepcionista. Con esa verificación interna, la empresa dio intervención a la policía. Arrua fue detenida el 27 de junio de 2025, tras avanzar la investigación penal.
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En su descargo, la acusada sostuvo que había interpretado los depósitos como un posible reconocimiento económico, al haber escuchado que una recepcionista anterior había recibido un pago extraordinario. Esa explicación no evitó el avance de la causa ni modificó la imputación.
La acusación contempla robo agravado y lavado de dinero, figuras que en Florida prevén sanciones severas. Si bien la sentencia aún no está definida, el proceso abre un debate concreto sobre la obligación de informar errores de pago y las consecuencias penales de disponer de fondos ajenos.
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