Cesantías en el Garrahan: once empleados afuera y la Justicia define el futuro gremial

Actualidad03/02/2026

Hospital Garraham

La decisión ya está tomada en el plano administrativo, pero su aplicación plena todavía no tiene fecha. El Gobierno nacional ordenó la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, acusados de haber participado activamente en la toma de oficinas de la Dirección Médica durante un conflicto gremial ocurrido en octubre de 2025. Diez de los sancionados son delegados sindicales y el desenlace final quedará en manos de la Justicia laboral.

La medida se adoptó tras la finalización de los sumarios administrativos iniciados luego del episodio. Según informaron fuentes oficiales, el proceso incluyó varios meses de investigación, análisis de pruebas y reconstrucción de responsabilidades individuales. La resolución fue comunicada oficialmente por la conducción del hospital.

El conflicto que derivó en las sanciones tuvo su origen en un reclamo salarial. Las autoridades habían informado que no se pagarían los días no trabajados por paros, lo que desató una reacción gremial. Ese mismo día, delegados sindicales y una trabajadora ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica, interrumpiendo su funcionamiento.

De acuerdo con la evaluación administrativa, la ocupación implicó más que una protesta simbólica. El hospital sostuvo que hubo interrupción de tareas clave, permanencia forzada del personal presente, agresiones verbales y negativa a cumplir las indicaciones del área de seguridad. Todo ocurrió en un sector central de conducción médica.

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A raíz de ese episodio, el Consejo de Administración del Garrahan abrió 44 sumarios para determinar responsabilidades. La mayoría de los casos se resolvió con sanciones menores, pero en once situaciones se concluyó que existió un rol activo en la organización y conducción de la toma, lo que derivó en la cesantía.

Entre las personas alcanzadas por la medida figuran Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo. Diez de ellos son delegados de ATE y APyT, dos gremios con fuerte presencia en el hospital.

Un punto central del conflicto es la tutela gremial. Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con esta protección legal, que impide ejecutar despidos sin una autorización judicial previa. Por ese motivo, esas desvinculaciones quedarán suspendidas hasta que la Justicia se pronuncie.

La única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada de manera inmediata una vez finalizado el procedimiento administrativo. En los otros casos, el hospital deberá solicitar el levantamiento de la tutela para avanzar con las cesantías.

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En un comunicado institucional, el Garrahan defendió la decisión adoptada. Allí sostuvo que la ocupación “afectó el funcionamiento institucional” y se desarrolló en un contexto que puso en riesgo la atención de los pacientes. También señaló que no permitirá que el hospital sea utilizado como “teatro de operaciones electorales”.

Desde el ámbito gremial, en cambio, las organizaciones involucradas cuestionaron la medida y anticiparon que recurrirán a la vía judicial para impugnar las cesantías. Argumentan que la toma fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos laborales.

El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país y receptor de pacientes de todas las provincias, quedó así en el centro de una disputa que excede lo administrativo. Con los sumarios cerrados y la decisión política tomada, el conflicto entra ahora en una etapa judicial que será determinante para definir el alcance real de las sanciones.