La obra social de militares se disuelve y abre una pregunta enorme para 600 mil afiliados

El Gobierno formalizó la creación de Osfa y OSFFESEG y fijó un período de transición antes de liquidar el Instituto actual. En el medio, aparece el dato que inquieta: deuda, déficit y prestaciones ya resentidas.

La decisión se oficializó este viernes con el Decreto 88/2026 publicado en el Boletín Oficial, y marca un cambio de fondo en la cobertura médica de quienes integran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales. El Ejecutivo anunció la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), que reemplazará al Iosfa, institución que quedará disuelta luego de un proceso de transición. Al mismo tiempo, se informó el nacimiento de otra entidad para un universo diferente, con estructura propia y mando específico.

La ingeniería institucional diseñada por el Gobierno separa los carriles de gestión y también los ministerios responsables. Según el esquema oficial, la nueva obra social de militares quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, mientras que, dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, se crea la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). En ese reparto, el Iosfa queda como organismo a desarmar, con un cronograma que deberá sostener prestaciones mientras se reorganiza su estructura.

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En el corazón del anuncio aparece una explicación económica que el Ejecutivo colocó por escrito. “En los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente” en el Iosfa, atribuido al incremento sostenido de costos médico-asistenciales y medicamentos, a la heterogeneidad del padrón y a la dispersión territorial de los afiliados. La lectura oficial instala un diagnóstico que combina números y operatividad, y pone el foco en la sostenibilidad del sistema.

Esa argumentación abre paso a otra definición que busca justificar el doble carril de obras sociales. “Deviene institucionalmente necesario establecer entidades diferenciadas”, afirmó el Gobierno, para garantizar el derecho a la salud con coberturas “adecuadas, sostenibles y específicamente adaptadas” a cada universo prestacional. En la letra del anuncio, la segmentación no se presenta como detalle administrativo, sino como respuesta a una estructura que consideran agotada.

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La transición no se plantea como un corte inmediato, sino como un pasaje con etapas y reparto de recursos. El Ejecutivo fijó un período previo a la disolución definitiva para permitir una “separación ordenada y progresiva de estructuras, presupuestos, patrimonios, bienes, recursos humanos y obligaciones”. Ese tramo de convivencia, donde el Iosfa todavía existe pero ya se prepara su cierre, es el que suele concentrar las tensiones: el sistema debe seguir atendiendo mientras redefine quién paga, quién contrata y quién responde.

Después de esa etapa, el Gobierno prevé la liquidación formal del Iosfa. El texto indica que esa liquidación quedará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, un dato que anticipa la centralidad de esa cartera en el final del proceso. La medida no se limita a cambiar nombres, sino que implica reordenar patrimonio, deudas y obligaciones en un contexto que ya venía con reclamos por prestaciones interrumpidas.

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En el trasfondo aparecen números que el propio Gobierno había puesto sobre la mesa el año pasado y que vuelven ahora como justificación política de la decisión. Según lo informado, el Iosfa arrastraba una deuda de 200.000 millones de pesos y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además de un corte de prestaciones que afectaba a casi 600.000 afiliados. Con ese cuadro, el anuncio no cae sobre un sistema estable, sino sobre uno que ya mostraba fisuras visibles en la vida cotidiana de quienes dependen de la cobertura.

La discusión venía madurando desde 2025 y tuvo voceros con peso propio. La fuente recuerda que Patricia Bullrich sostuvo en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados su decisión de que Prefectura y Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”. Esa frase, citada en el texto, funciona como antecedente directo de la nueva OSFFESEG y también como señal de una ruptura con el modelo previo de padrón unificado.

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Del lado de Defensa, el entonces ministro Luis Petri también había anticipado medidas y explicó el problema en términos de ingresos y costos. “Nos dieron una obra social prácticamente quebrada”, afirmó en una entrevista, y describió el impacto de “320% de inflación en medicamentos y prestaciones médicas” durante 2023, con salarios corriendo por detrás. En su mirada, el financiamiento basado en aportes no soporta el desfasaje cuando los gastos crecen más rápido que los ingresos, y ahí aparece la imagen de la “bola de nieve” como descripción de un deterioro acumulativo.

Petri también sumó una acusación sobre el mecanismo de aportes y contribuciones patronales. “A eso sumale que la desfinanciaban”, dijo, y agregó que hubo una decisión de “no liquidar los aportes conforme al decreto” que había creado el esquema tras la eliminación del IOSE. En esa misma línea, mencionó otra cifra de deuda, al señalar “una deuda de 150 mil millones de pesos por estas contribuciones patronales mal liquidadas”, y cerró con una intención política: “Nuestro objetivo es dársela a las Fuerzas Armadas para que las administren”.

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El anuncio de este viernes, entonces, no aparece como un rayo en cielo sereno, sino como la formalización de un cambio que el Gobierno venía preparando, con diagnósticos, frases y números ya instalados. Aun así, la clave operativa empieza ahora: sostener prestaciones durante el traspaso y definir cómo quedarán los circuitos de atención para una población grande y dispersa. Con el Iosfa en camino a la liquidación, el desafío inmediato no es el decreto, sino la transición cotidiana en consultorios, farmacias y prestadores.

Fuente: LA NACION.