El Estado achica la impunidad en el Mar Argentino y pone en jaque a la flota china

Actualidad09/02/2026Sergio BustosSergio Bustos
flota china
La flota depredadora vigilada.

Durante años, los buques extranjeros que se amontonaban frente al Mar Argentino se movieron en una zona gris. Navegaban lento, cambiaban de rumbo y, ante cualquier advertencia, apelaban al “tránsito inocente” o a supuestas averías. Ese margen de maniobra empezó a cerrarse.

El Gobierno nacional decidió endurecer las condiciones para combatir la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. A partir de ahora, la evidencia obtenida por medios remotos será suficiente para iniciar sumarios y aplicar sanciones, incluso cuando los capitanes nieguen estar pescando. El cambio apunta directo al corazón de una práctica sistemática.

La nueva normativa establece presunciones legales claras. Un buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos realizando maniobras compatibles con pesca podrá ser considerado infractor. En el caso de los poteros, especializados en calamar, el umbral baja a 2 nudos o menos sin justificación, una señal directa a la flota que opera de noche con potentes luces.


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El control quedará en manos de la Prefectura Naval Argentina, apoyada en el Sistema Guardacostas y en registros satelitales y electrónicos definidos como “evidencia de alta precisión”. El objetivo no es solo sancionar, sino eliminar las excusas que durante años bloquearon acciones concretas.

La normativa también fija límites a los argumentos defensivos. Los buques podrán presentar descargos y pruebas técnicas, pero deberán justificar previamente cualquier situación excepcional. Averías, refugio climático o tránsito deberán informarse antes, no después de ser detectados.

El giro no es teórico. El 1 de febrero, Prefectura detectó al pesquero español “Playa Da Cativa” operando dentro de la ZEE durante 45 minutos a menos de cuatro nudos. Días antes había sido advertido por su cercanía al límite. El antecedente reactivó un debate que ahora tiene respaldo jurídico.


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Otro foco sensible son los buques con banderas de conveniencia. El 10 de enero se detectó al Bao Feng, con bandera de Vanuatu pero de propiedad china, pescando ilegalmente frente a Bahía Camarones. El sumario ya está en curso y la multa se tramita por vía internacional, como ocurrió en un caso similar a principios de 2025.

Según datos oficiales, los buques chinos —con bandera propia o de países como Camerún y Vanuatu— suman cerca de 500 embarcaciones, muy por encima de las flotas española, taiwanesa o coreana. Esa desproporción explica por qué el endurecimiento normativo tiene un destinatario implícito.

Desde la Prefectura, el Prefecto General Fernando Dos Santos reconoció que el control existía, pero faltaba respaldo legal. “Sabíamos que a menos de 4 o 5 nudos un arrastrero o menos de 2 nudos un potero estaban pescando ilegalmente, pero no teníamos respaldo jurídico o normativo”, explicó. Ese vacío quedó cubierto.


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El sector pesquero local también leyó la medida como un cambio de escenario. Agustín de la Fuente, presidente de la CAPIP, valoró que “nivela la cancha” frente a una flota extranjera que opera sin restricciones en la Milla 201. Aunque aclaró que el descontrol sigue siendo enorme, consideró que “son avances que muestran que el Estado argentino se empieza a ocupar del tema”.

Desde el plano ambiental, Milko Schvartzman, del Círculo de Políticas Ambientales, destacó que por primera vez la Argentina acepta que los sensores remotos constituyen prueba suficiente. “Si uno tiene observaciones satelitales, identifica el barco, su velocidad y ubicación, son pruebas suficientes y hay que sancionar”, afirmó.

El trasfondo es más amplio que la pesca. En los últimos meses también se detectaron maniobras sospechosas de mapeo ilegal de la plataforma continental y transferencias opacas de permisos vinculadas a corporaciones chinas. En ese contexto, el control del mar dejó de ser solo un tema productivo para volverse estratégico.

La señal es clara: el Mar Argentino ya no es un espacio sin consecuencias. Con nuevas reglas, evidencia remota y menos excusas, la impunidad empieza a achicarse frente a una de las mayores presiones extranjeras sobre los recursos del país.

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