Un informe nacional detectó que cientos de miles de alumnos no alcanzarían el mínimo de horas escolares

Un relevamiento basado en calendarios oficiales mostró que varias provincias no llegan al piso de horas planificadas en primaria. El dato surge antes del inicio de clases y abre preguntas sobre organización y seguimiento.

En medio de la preparación del nuevo ciclo lectivo, un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación volvió a poner el foco en el tiempo real de escolaridad que reciben los estudiantes argentinos. La investigación, presentada por la analista de datos María Sol Alzú durante una entrevista en el programa El Quinto Poder por #LA17, analizó los calendarios educativos provinciales y encontró que, según la planificación oficial, una parte importante del alumnado podría quedar por debajo del mínimo anual sugerido.

El trabajo no mide lo que sucede en las aulas durante el año, sino lo que cada provincia prevé desde el inicio. Alzú explicó con precisión ese límite metodológico: “no podemos saber efectivamente cuántos días o horas de clases tienen las provincias, sino simplemente lo que se planifica en los calendarios”, un punto que marca que la discusión empieza antes de considerar paros docentes, problemas edilicios o imprevistos climáticos.

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El piso mínimo surge de una combinación normativa que se consolidó en las últimas décadas. Desde 2003 rige la exigencia de 180 días de clase, mientras que desde 2022 se renueva anualmente un acuerdo federal que eleva el objetivo a 190 días o su equivalente en horas, fijado en 760 horas para el nivel primario. El informe señala que siete provincias no garantizan ese umbral para toda su matrícula, lo que implica que casi 719.000 estudiantes podrían quedar por debajo del estándar desde la planificación inicial.

Según detalló la especialista, el principal desafío aparece en la jornada simple, donde la ecuación entre días y carga horaria diaria resulta más ajustada. En cambio, las modalidades de jornada extendida o completa tienden a cumplir el mínimo con mayor facilidad por la cantidad de horas por día. Esa transición hacia jornadas más largas, impulsada en distintos programas nacionales, todavía no alcanza a todas las escuelas, lo que genera diferencias dentro de una misma jurisdicción.

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Alzú subrayó que el problema no responde necesariamente a decisiones coyunturales sino a procesos graduales de reorganización del sistema educativo. “Muchas provincias no llegan a estos 190 días”, explicó, y agregó que el objetivo actual apunta a ampliar progresivamente la duración de la jornada escolar para recuperar aprendizajes afectados en años anteriores.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue que el informe se enfoca en lo planificado y no en las contingencias habituales. La analista explicó que el cálculo considera fechas oficiales de inicio y finalización, feriados, vacaciones y jornadas institucionales, información que además se valida con cada provincia para evitar errores. Desde esa base, se observa que algunos calendarios ya arrancan con menos tiempo del necesario, a lo que luego se suman interrupciones propias del ciclo escolar.

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El estudio también plantea una cuestión institucional que excede a una provincia en particular. El Consejo Federal de Educación, ámbito donde se acuerdan metas comunes entre Nación y jurisdicciones, define los estándares cada año, pero la implementación concreta depende de cada sistema educativo. Para Alzú, el desafío aparece en el seguimiento posterior: “se toman buenas medidas, pero falta esa segunda instancia más de rendición de cuentas”, señaló al referirse a los mecanismos que permitan compensar cuando no se alcanzan los objetivos.

Más allá del debate sobre cantidad de días o horas, la analista vinculó el tiempo escolar con indicadores de aprendizaje que ya muestran señales de alerta. Recordó que la comprensión lectora presenta dificultades desde edades tempranas y que esas brechas se profundizan con el paso de los años. “Que los chicos estén en la escuela es la condición necesaria”, sostuvo, antes de explicar que la discusión sobre calidad educativa solo puede darse cuando se garantiza un mínimo de tiempo efectivo de enseñanza.

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En ese sentido, mencionó datos que reflejan la magnitud del problema a nivel país. Según distintos relevamientos, apenas una minoría de estudiantes completa la secundaria sin repetir ni abandonar y con los conocimientos esperados, lo que evidencia que las dificultades acumuladas durante la trayectoria escolar terminan impactando en el acceso al empleo o a estudios superiores.

El informe no plantea un escenario cerrado y deja abierta la posibilidad de ajustes antes del inicio del ciclo lectivo. Alzú señaló que existen herramientas para modificar calendarios o recuperar horas perdidas, incluso considerando cambios recientes como feriados turísticos definidos después de aprobarse algunos cronogramas provinciales. “Se puede rectificar el calendario y se pueden modificar las fechas de ser necesarias”, afirmó, marcando que todavía hay margen para intervenir.

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En ese contexto, la discusión vuelve a girar sobre un punto central: el tiempo escolar no depende únicamente de lo que sucede durante el año, sino también de decisiones previas que determinan cuántas horas tendrán los estudiantes desde el primer día. El informe vuelve a instalar esa pregunta y coloca el foco en cómo se planifica el sistema educativo más allá de los debates coyunturales.