Jueces denunciados: 260 expedientes activos y decenas archivados sin revisión

Actualidad16/02/2026

El control sobre los jueces federales y nacionales en Argentina pasa por un organismo poco visible para el ciudadano común, pero decisivo cuando surgen sospechas de mal desempeño o delitos. En el centro de ese esquema está el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de investigar denuncias contra magistrados. Hoy, ese organismo acumula 260 expedientes vigentes abiertos por presentaciones contra jueces y juezas.

El dato marca un crecimiento fuerte en el último año. Más del 66% de esas denuncias ingresaron recientemente, lo que refleja un aumento del stock de causas activas dentro del Consejo. Sin embargo, el número total podría ser mayor, ya que en octubre de 2025 se archivaron 176 expedientes, en muchos casos por falta de tratamiento durante años.

El Consejo no solo interviene en la designación de magistrados, también funciona como el primer filtro institucional cuando se cuestiona su conducta. Su conducción está en manos de Horacio Rosatti, quien además preside la Corte Suprema. Allí se analiza desde demoras en expedientes hasta acusaciones que podrían terminar en una destitución.

Las denuncias se reparten en dos espacios internos, según la gravedad del señalamiento. Por un lado está la Comisión de Disciplina, que investiga conductas consideradas menores y puede aplicar sanciones como apercibimientos o multas. Por otro, la Comisión de Acusación, que toma los casos más graves y puede impulsar un proceso de remoción.

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Dentro del total vigente, 205 expedientes tramitan en Disciplina y 36 en Acusación. Otras denuncias permanecen pendientes de asignación o ya llegaron al Plenario, que es donde finalmente se vota una sanción o la destitución. Fuentes judiciales señalaron que muchas presentaciones provienen de litigantes disconformes con fallos.

En la Comisión de Disciplina se investigan faltas como demoras injustificadas o cuestiones vinculadas al trato institucional. Según explicaron fuentes del ámbito judicial, se trata de sanciones leves, “por ejemplo faltas al deber de cortesía, demoras injustificadas”. Esa instancia concentra la mayor parte del volumen actual.

En cambio, la Comisión de Acusación interviene cuando se denuncia mal desempeño, delitos o conductas incompatibles con el cargo. Allí se instruye el sumario y se eleva el caso al Jurado de Enjuiciamiento. Sobre esa función, se indicó que “su función es instruir el sumario, formular la acusación formal y elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento”.

El análisis de antigüedad muestra que la mayoría de los expedientes son relativamente nuevos. Del total que tramita en Disciplina, un 66% tiene menos de un año, mientras que solo un 12% supera los dos años. Ese dato convive con otro: decenas de denuncias caducaron por falta de movimiento durante tres años, lo que implica cierre automático.

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En octubre pasado, 58 causas se archivaron por vencimiento de plazos, otras fueron desestimadas de entrada y varias se cerraron tras producir prueba sin elementos suficientes. En total, 176 expedientes quedaron fuera del circuito activo, un número que expone el peso burocrático que arrastra el organismo.

En los últimos años, algunos casos de jueces destituidos tomaron notoriedad pública. El ex juez federal Walter Bentorecibió una condena de 18 años de prisión por corrupción tras haber sido removido en 2023. También se registraron destituciones y renuncias recientes vinculadas a delitos graves o irregularidades.

Desde la creación del Consejo en 1994, la Comisión de Acusación formuló cargos contra 73 magistrados. De esos procesos surgieron destituciones, renuncias previas al jury y rechazos de acusación. En paralelo, el sistema disciplinario aplicó sanciones económicas y apercibimientos, mostrando que no todas las denuncias terminan con un juez fuera del cargo, pero sí dejan un rastro institucional que sigue creciendo.