El cupón PBI vuelve a incomodar y Londres pide datos sensibles al Gobierno
Actualidad17/02/2026
REDACCIÓNTras ejecutar parte de la garantía por el fallo, los acreedores activaron el discovery y la Corte londinense ordenó informar sobre contratos y cuentas externas.
La pelea por el cupón PBI en euros volvió a escalar en Londres y ahora apunta a un terreno más incómodo para el Estado: la exposición de información que puede abrir el camino a embargos. Los fondos que ganaron el juicio en el Reino Unido buscan acelerar el cobro de una sentencia por €1330 millones. En ese marco, la Justicia británica dispuso que la Argentina entregue datos vinculados a contratos con petroleras internacionales, empresas energéticas y cuentas bancarias en el exterior.
El punto de partida inmediato no fue una negociación, sino dinero ya ejecutado. Los acreedores lograron cobrar €313 millones de la garantía que la Argentina había depositado para apelar el fallo. Con el recurso rechazado, la cuenta pendiente sigue alta y, según la nota, ronda los €1000 millones para completar el pago.
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La orden judicial se inscribe en el mecanismo de discovery, una etapa que habilita a los beneficiarios de una sentencia a pedir información para localizar bienes embargables. No se trata de una discusión técnica aislada, porque lo que se entregue puede convertirse en mapa para futuras medidas. En esa lógica, la presión no pasa solo por el monto, sino por la identificación de activos y flujos asociados a la República.
El caso se originó en el reclamo de cuatro fondos: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald. En 2024, los tribunales británicos les dieron la razón al entender que el Estado perjudicó a inversores al modificar el cálculo del PBI durante la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ese cambio, aplicado en 2013, derivó en un menor pago de intereses relacionados con esos bonos emitidos en 2005 y 2010.
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Desde el seguimiento de estos litigios, Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, describió el alcance del pedido de información con una frase directa: “La Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias, entre otros ítems”. En la misma línea, explicó el trasfondo del movimiento: “Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso cupón PBI en euros”. El planteo central es que esa documentación facilite embargos si el Estado no paga.
En paralelo, el expediente sumó un choque público con el FMI y su lectura sobre el conflicto. En agosto pasado, un informe técnico del organismo mencionó negociaciones entre la Argentina y los acreedores, pero los demandantes lo rechazaron sin rodeos. En una carta difundida, marcaron: “Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, y agregaron que pidieron rectificar lo que consideraron erróneo.
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El Fondo, de todos modos, insistió con el mensaje en su último informe técnico y volvió a pedir que el país encamine el tema. Allí planteó que “se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres”. Para los acreedores, esa discusión convive con una acusación más dura: sostienen que la Argentina no muestra voluntad de pago, no coopera con medidas de ejecución y deja correr intereses diarios sobre el saldo.
En el centro de la disputa está un instrumento que nació con un objetivo político y financiero concreto. El cupón atado al PBI se diseñó como incentivo para sumar adhesión y quita en el canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro Roberto Lavagna junto con su secretario de Finanzas Guillermo Nielsen. La estructura preveía pagos adicionales si el crecimiento anual superaba el 3%, con vigencia hasta 2035, y la Argentina dejó de pagar en 2011 cuando la economía ya no superó ese umbral.
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La nueva orden de Londres, con foco en concesiones petroleras y cuentas externas, abre una fase distinta: la discusión ya no queda limitada a lo que pasó con un cálculo estadístico, sino a qué bienes o ingresos quedan expuestos a una ejecución. Para el Gobierno, el riesgo no es solo económico, también es operativo, porque la información requerida puede involucrar contratos sensibles y relaciones con actores privados. Para los fondos, en cambio, el movimiento apunta a un objetivo simple: transformar una sentencia firme en cobro efectivo.
Fuente: LA NACION.
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