A menos de dos meses de las elecciones del 12 de abril, el Parlamento removió al mandatario interino tras denuncias por reuniones reservadas y presunto tráfico de influencias.
El Congreso de Perú destituyó este martes 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí, en un nuevo giro de una crisis institucional que se repite con frecuencia en el país andino. La decisión llegó en la recta final hacia las elecciones generales del 12 de abril, un calendario que ahora queda condicionado por la urgencia de definir quién conducirá el Ejecutivo hasta el recambio formal.
De acuerdo con el recuento informado por medios internacionales, la remoción se aprobó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, una mayoría suficiente para desplazarlo del cargo en el marco del procedimiento parlamentario utilizado para este tipo de crisis. La votación implicó, además, un efecto inmediato sobre su doble rol institucional: Jerí había llegado a la Presidencia en su condición de titular del Congreso y, al caer, queda también desplazado de esa jefatura legislativa.
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El núcleo del escándalo que precipitó la destitución se vinculó con reuniones no informadas y sospechas de influencia indebida en torno a contactos con empresarios chinos. Reuters describió el caso como una controversia por encuentros reservados con un empresario de origen chino y la sospecha de tráfico de influencias, mientras AP señaló que se investigaba una reunión secreta de diciembre con dos ejecutivos chinos y la relación con contrataciones estatales.
El episodio se volvió todavía más sensible por el contexto: Jerí llevaba cuatro meses en el cargo y había asumido tras la destitución de Dina Boluarte en octubre, en una secuencia que vuelve a exhibir la fragilidad del sistema político peruano. El cuadro se traduce en una estadística que ya pesa sobre la vida institucional del país: con esta decisión, se encadenan nuevas salidas anticipadas en la jefatura del Estado en un ciclo de alta rotación presidencial.
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En paralelo, El País detalló que el caso fue bautizado “Chifagate” y que la evidencia que circuló en el debate legislativo incluyó registros audiovisuales que impactaron en la defensa política del presidente. En esa cobertura se consignó que Jerí negó delitos y caracterizó lo ocurrido como “errores de forma”, una explicación que no alcanzó para sostener los apoyos necesarios en el recinto.
Con la destitución ya consumada, el paso siguiente queda en manos del propio Congreso: los legisladores deben elegir una nueva autoridad parlamentaria, y ese liderazgo es el que, por las reglas vigentes, terminará ocupando también la conducción del Ejecutivo como presidencia interina. Reuters informó que se abrió una discusión interna para definir quién tomará esa función y que se prevén nuevas instancias de votación legislativa para ordenar la transición inmediata.
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El escenario suma presión sobre el proceso electoral. Con los comicios fijados para el 12 de abril de 2026 y el recambio posterior en la fecha constitucional prevista, la prioridad política pasa a ser evitar que la crisis institucional erosione todavía más la credibilidad del sistema. AP indicó que el Congreso deberá nombrar un presidente interino hasta el 28 de julio, cuando asuma el ganador de las elecciones, un dato que grafica la duración y el peso del tramo que ahora se abre.
Aun con esa inestabilidad, parte de la cobertura internacional remarcó que la economía peruana mantuvo, en los últimos años, indicadores de resiliencia y capacidad de sostener inversiones en sectores estratégicos, incluso en medio de crisis políticas recurrentes. El dato aparece como telón de fondo de una tensión que se repite: la continuidad económica convive con una dinámica institucional que, cada pocos meses, vuelve a poner en discusión el mando del Estado.
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Para Perú, la caída de Jerí vuelve a instalar el mismo interrogante que atraviesa la política local desde hace años: cómo garantizar estabilidad hasta el acto electoral y el recambio, sin que el corto plazo quede capturado por internas parlamentarias y denuncias cruzadas. Lo inmediato, por estas horas, es la definición del nuevo liderazgo del Congreso y, con él, la figura que deberá sostener el Ejecutivo en un país que llega a las urnas con otra destitución a cuestas.
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