¿Puede Argentina ganar el juicio YPF?: “Pase lo que pase, será una bomba”
Actualidad23/02/2026
REDACCIÓNLa apelación en Nueva York entra en zona de definición y el Gobierno apuesta a revertir el fallo o, al menos, bajar el monto. Mientras tanto, los intereses suman fuerte y Burford empuja causas paralelas.
El expediente por la expropiación de YPF dejó de ser un tema de especialistas y pasó a convertirse en un reloj que corre contra la Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York tiene en sus manos la resolución más esperada de un juicio que ya supera los diez años. La condena de primera instancia, dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, fija un resarcimiento gigantesco y el Estado intenta dar vuelta ese resultado antes de que el daño económico se consolide.
El monto se volvió un dato político por sí solo, no por el número en abstracto sino por su dinámica diaria. La condena inicial de USD 16.100 millones suma intereses a un ritmo de unos USD 2 millones por día, y esa cuenta empuja la cifra hacia el orden de los USD 18.000 millones. El punto que inquieta en la Casa Rosada no se limita a la sentencia original: el tiempo, acá, también cuesta.
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La definición está en manos de tres jueces: Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, integrantes de la Cámara que ya escuchó la audiencia de apelación en octubre. Nadie pone fecha y el texto lo describe con crudeza: pueden fallar “esta semana o en un año”, porque el tribunal resuelve cuando quiere. En una audiencia de enero, incluso Preska ironizó sobre esa incertidumbre con una frase que quedó flotando: “sí, sí, la Cámara va a resolver... en algún momento”.
En el Gobierno se muestran confiados y apoyan esa postura en lo que interpretan como una buena performance en la audiencia. La defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro, con los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira al frente, y puertas adentro sostienen que la balanza puede inclinarse. La expectativa no se apoya en un solo punto, porque la Cámara podría adoptar tres caminos distintos: dar vuelta el fallo, confirmarlo completo, o abrir una vía intermedia que obligue a recalcular montos o repensar el lugar del fallo.
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Desde afuera del Gobierno, el analista Sebastián Maril aportó una lectura que combina prudencia y calendario político. “Es difícil saber cuándo van a fallar”, dijo el CEO de Latam Advisors, y agregó que algunos especialistas creen que el caso “no se va a definir antes de septiembre u octubre”, aunque él se la juega por una resolución más próxima: “Yo arriesgo que a mitad de año debería estar resuelto”. En su mirada aparece además una advertencia sobre el clima político que se viene: “El 2027 será un año político en el que se supone que Milei buscarará la reelección, y todo se complica más”.
Mientras la Cámara define, Burford Capital presiona por otro carril y busca cobrar “como dé lugar” con presentaciones múltiples ante Preska. La firma inglesa, que opera como financiadora de litigios, aparece descripta como un actor que compró el derecho a litigar por unos 15 millones de euros hace más de una década, vendió parte de la demanda por más de USD 300 millones y ahora apunta a una cifra cercana a USD 20.000 millones. El texto marca que distintos gobiernos —desde Cristina Kirchner hasta Milei, pasando por Macri y Alberto Fernández— rechazaron negociar “sistemáticamente”, y eso alimenta la estrategia de desgaste judicial.
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En ese paquete de causas paralelas asoma una fecha concreta que la Argentina mira con atención: entre el 21 y el 23 de abril se prevé un “mini juicio” dentro del caso, con temas que van desde la posibilidad de desacato hasta sanciones, además de preguntas de Burford sobre el paradero de las reservas de oro del Banco Central. En el mismo movimiento, la empresa empuja pedidos de información y castigos por supuesta falta de cooperación, en una dinámica que el texto describe como una “mamushka” de expedientes. Para la defensa, la intención es embarrar el terreno y forzar concesiones antes del fallo principal.
En ese tramo, aparecen nombres sensibles porque Burford apunta a información personal y a supuestas responsabilidades estatales ampliadas. La nota menciona como puntos delicados al ministro Luis Caputo y al canciller Pablo Quirno, en el marco de pedidos sobre entrega de celulares y medidas de discovery. La defensa pone un límite con una definición tajante: “Argentina cumplió con las órdenes del tribunal hasta donde lo permite la ley local. No se le puede exigir a un funcionario que entregue su teléfono personal, no es discutible bajo el derecho argentino”, y agrega otra lectura del trasfondo: “Lo que busca Burford es presionar y desgastar a la Argentina en la espera del fallo de la Cámara”.
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El Gobierno también ató parte de su optimismo a señales de mercado, aunque admite que la revocación en apelación no es estadísticamente frecuente. En su argumentación interna, destacan que tras la audiencia de octubre “las acciones de Burford se desplomaron” y que, en el último año, el papel en Wall Street perdió casi 40%, algo que leen como un cambio en la evaluación del riesgo. Esa postura se sintetiza en dos frases que repiten en el oficialismo: “Será positivo, y somos optimistas aunque sabemos que no es un tema fácil y que el ratio de casos que revoca la corte de apelaciones no es alto” y, ya con tono más político, “Todo esto era impensado hace un año… ¿Vamos a ganar? No sé, pero el… cambió”.
La definición que llegue desde Nueva York puede mover el piso de inmediato, sin importar qué tan técnico resulte el fallo. Si la Cámara avala la postura argentina y cuestiona por completo el razonamiento de Preska, en el oficialismo hablarán de “caso cerrado”, aunque luego aparezcan nuevas apelaciones. Si en cambio confirma todo, el país queda frente a una obligación que ya acumula intereses fuertes, con un costo que excede al número y se mete en la política económica.
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Entre esos extremos, existe una salida intermedia que también alteraría el curso del expediente: que el tribunal ordene recalcular el monto, revisar fechas o discutir el “foro” más conveniente para tramitar el caso. Maril planteó que esa discusión sobre foro —no sobre jurisdicción, ya definida— podría ser decisiva porque si se impone la idea de que corresponde Argentina, el resto de las preguntas pierde sentido. Con todo, el dato más concreto se sostiene igual: el fallo puede llegar en cualquier momento y, en palabras del propio texto fuente, “pase lo que pase, será una bomba”.
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