Comienza el juicio por el ARA San Juan y se abre una etapa sensible con pruebas encriptadas
Actualidad25/02/2026
REDACCIÓNEl debate oral arranca el 3 de marzo en Río Gallegos, con más de un centenar de testigos y material bajo secreto militar, incluidos videos del hallazgo del submarino.
El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan empieza el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos y no se limita a una discusión técnica sobre una tragedia naval. El proceso llega con una carga documental inusual, con registros del hallazgo preservados bajo protocolos especiales y documentación remitida por la Armada Argentina que el tribunal trata como secreto militar. El caso pone en primer plano un expediente que desde 2017 arrastra reclamos, dolor y un largo recorrido judicial.
La causa investiga presuntas responsabilidades de cuatro exjefes de la Armada por la muerte de 44 tripulantes, luego del hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017 a unos 500 kilómetros de la costa del Golfo San Jorge. El debate se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, con un cronograma previsto hasta el 8 de julio de 2026. Las audiencias se programaron de lunes a jueves, semana por medio, con una agenda de testigos que supera el centenar.
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El tribunal que conduce el juicio se integra con Mario Reynaldi como presidente, acompañado por Luis Alberto Giménez, juez de Cámara de Tierra del Fuego, y Enrique Baronetto, juez de Cámara de Comodoro Rivadavia. En la etapa preparatoria, las partes delimitaron pruebas, el listado definitivo de testigos y las condiciones para la producción de la prueba técnica. Ese trabajo buscó asegurar que el debate avance con reglas claras frente a un material que combina peritajes y documentación sensible.
Los acusados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos vinculados al expediente caratulado “López Mazzeo, Luis Enrique y otros s/abuso de autoridad”. En esa lista figura Luis Enrique López Mazzeo, contraalmirante y excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, además de Hugo Miguel Correa, capitán de fragata, Héctor Alonso, capitán de navío, y Claudio Villamide, capitán de navío y exjefe de la Fuerza de Submarinos. El debate definirá responsabilidades con eje en las decisiones de mando y el estado de alistamiento del submarino.
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El Ministerio Público Fiscal intervendrá con un equipo encabezado por Gastón Franco Pruzan, fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Lo acompañarán María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Lucas Colla, fiscal federal interino con sedes centralizadas en Caleta Olivia, y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos. En la querella interviene Valeria Carreras, abogada por 34 familias de víctimas.
Una parte central del juicio se apoya en material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity. Esas grabaciones se resguardan en discos rígidos con clave alfanumérica de desencriptación, una condición que obliga a un manejo cuidadoso de la evidencia. El tribunal ordenó preservar los originales y trabajar con copias de seguridad para el análisis técnico, en una decisión orientada a evitar daños o alteraciones del soporte.
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El langostino entra en una etapa decisiva y Puerto Madryn se afirma como punto de encuentro pesqueroEl expediente también incorpora documentación confidencial remitida por la Armada Argentina, enviada por el contraalmirante Gustavo Fabián Lio Pombo. Ese material, con carácter de secreto militar, incluye planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales que permiten observar cubiertas, sistemas y equipos del submarino. La información data de 2017 y se suma como un insumo delicado dentro de la prueba técnica.
En el tramo previo al inicio del debate, las partes fijaron el 15 de febrero como fecha límite para aportar documentación adicional. Para la semana de arranque del juicio se digitalizaron actuaciones disciplinarias y plenarios del Consejo de Guerra, además de pedidos de copias en formatos que aseguren legibilidad. La preparación incluyó acuerdos prácticos para que la evidencia pueda analizarse sin trabas operativas durante las audiencias.
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Dentro de la lista de testigos aparece un elemento singular por su origen y alcance: la participación de un especialista de la empresa alemana Thyssen-Krupp. El tribunal aceptó la autenticidad del informe elaborado por esa firma y, a pedido de la defensa, se convocó a declarar a “la persona más idónea” para responder preguntas sobre el informe ya confeccionado. Esa declaración, según lo fijado, se limitará estrictamente al contenido existente y no abrirá un nuevo peritaje.
Para garantizar el desarrollo de esa instancia, durante la audiencia se acordó solicitar a la Corte Suprema colaboración en la designación de un perito intérprete. La medida apunta a evitar confusiones técnicas o lingüísticas en un punto donde los detalles importan y la prueba se vuelve decisiva. En paralelo, también declararán como testigos el contraalmirante David Burden, entonces Director General de Material de la Armada Argentina, y Marcelo Flamini, Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, quienes viajaron a presenciar la elaboración del informe.
El juicio se consolidó en Santa Cruz luego de una disputa previa sobre la sede del debate. La audiencia preparatoria se realizó el 4 de diciembre de 2025 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia y la discusión llegó a Casación. La Sala IV, integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró inadmisible un recurso extraordinario que pretendía trasladar el proceso a Mar del Plata, lo que dejó firme que el debate se realice en Río Gallegos.
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