"La historia debe conocerse en su totalidad o deja de ser memoria", el video del Gobierno para el 24 de marzo

La Casa Rosada usó el 24 de marzo para empujar su lectura de los años 70 con testimonios de víctimas y una crítica frontal a la política de derechos humanos.

El 24 de marzo volvió a quedar atravesado por una pelea de sentido que esta vez tuvo a la Casa Rosada como protagonista directa. El Gobierno difundió un video por los 50 años del golpe de Estado de 1976 y eligió hacerlo con una pieza que no buscó una evocación neutral ni una ceremonia de memoria convencional. El mensaje tomó posición desde el título mismo, “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, y colocó la conmemoración en el terreno de una disputa política explícita.

La intervención oficial no quedó planteada como un homenaje, sino como una impugnación abierta a la forma en que el Estado argentino contó ese período durante las últimas décadas. El material volvió sobre la postura que equipara la violencia ejercida desde el terrorismo de Estado con la de las organizaciones armadas de los años setenta. Esa decisión narrativa no apareció como un detalle accesorio, porque organizó todo el video y le dio al aniversario un tono de confrontación ideológica antes que de recogimiento institucional.

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La pieza también cargó contra las políticas de Derechos Humanos impulsadas desde 2003, a las que definió como parte de una mirada “sesgada y revanchista” que, de acuerdo con la voz en off, “en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó”. El video sostuvo además que el Gobierno actual decidió “dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” y que una memoria presentada de forma parcial deja de ser memoria para convertirse en manipulación. Con esa formulación, el oficialismo no solo cuestionó una interpretación histórica, sino que discutió el modo en que el Estado financió y legitimó esa narrativa durante años.

Dentro de esa construcción, uno de los testimonios centrales fue el de Miriam Fernández, identificada como la nieta recuperada 127 por la numeración de Abuelas de Plaza de Mayo. La mujer es hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, y mantuvo el apellido del policía Armando Fernández, condenado por delitos de lesa humanidad y quien la anotó como hija propia. Esa historia personal, además de su dimensión íntima, quedó atravesada por un litigio judicial con Abuelas, dato que el video incorporó para reforzar una mirada compleja sobre identidad, apropiación y pertenencia.

Miriam Fernández dijo en el video que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos”, y desde esa experiencia formuló una pregunta con peso político: “Si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”. Más adelante añadió: “Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”. Cuando habló de Armando Fernández, remarcó además: “Es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”, una frase que el oficialismo ubicó en el centro de su propuesta discursiva.

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El otro relato elegido por el Gobierno fue el de Raúl Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974. Su padre se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, y el video retomó ese caso para llevar la discusión pública hacia la violencia de las organizaciones guerrilleras previa al golpe. La selección de ese testimonio no fue casual, porque completó la estructura argumental que el Gobierno quiso instalar en la jornada conmemorativa.

Larrabure describió que su padre permaneció cautivo “en condiciones infrahumanas” en lugares que sus captores llamaban “cárceles del pueblo”, con “un camastro y un baño portátil”. También sostuvo que sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas” durante lo que definió como “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”. Desde esa reconstrucción personal, planteó que “queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”.

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La pieza oficial unió ambas voces en una misma operación política y las presentó desde un escenario cargado de simbolismo: el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se realizaron las notas a Miriam Fernández y Raúl Larrabure. No se trató solamente de sumar testimonios de dolor, sino de ordenarlos para sostener una tesis de Estado sobre el pasado reciente. En esa línea, el video afirmó que las nuevas generaciones “tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, una frase con la que el Gobierno buscó darle proyección pedagógica a su postura actual.

La crítica oficial fue todavía más lejos cuando calificó a las políticas de memoria y juzgamiento como un “fatal experimento narrativo” que “le costó miles de millones de dólares a los argentinos”. Esa definición desplazó la discusión del plano histórico al político y al económico, porque no solo objetó un relato, sino también el uso de recursos públicos para sostenerlo. Así, el video no quedó limitado a una discusión sobre los años setenta: se convirtió además en una pieza de combate contra una tradición estatal construida durante más de dos décadas.