Caputo blanquea la desconfianza y la inflación no cede pese al ajuste

La persistencia de la inflación volvió a poner en primer plano una preocupación que el propio Gobierno ya admite puertas adentro: la falta de confianza en la economía. El ministro Luis Caputo reconoció que, más allá de las medidas adoptadas, existe una dificultad concreta para recomponer la demanda de pesos, un factor que impacta directamente en los precios.

La definición se conoció en un encuentro con ejecutivos de finanzas, donde el titular del Palacio de Hacienda expuso los límites de la política económica. “Como hacedor de política lo que yo puedo hacer es controlar la oferta de dinero, pero con la demanda no puedo hacer nada. No puedo obligarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, afirmó.

Esa dinámica explica en parte por qué la inflación se mantiene en torno al 3% mensual, con proyecciones incluso por encima de ese nivel. A pesar del control sobre la emisión, el comportamiento del público y la preferencia por el dólar siguen condicionando los resultados.

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Dentro del equipo económico reconocen que el problema no se resuelve únicamente con disciplina fiscal. Aunque el Gobierno sostiene su discurso crítico hacia gestiones anteriores, hacia adentro crece la percepción de que el ajuste y la política de recorte empiezan a mostrar límites en términos de aceptación social.

Uno de los factores que habría impactado en ese cambio de clima es la situación del empleo. El cierre de empresas y el debate en torno a la reforma laboral generaron ruido en el mercado y en la opinión pública. El caso de la firma FATE, con cientos de despidos, aparece como uno de los episodios que alimentaron ese escenario.

Al mismo tiempo, los datos oficiales muestran un deterioro en el mercado laboral. Hacia fines de 2025, el desempleo alcanzaba al 7,5% de la población económicamente activa, con alrededor de 1,7 millones de personas sin trabajo. Ese contexto refuerza las dudas sobre la evolución de la actividad.

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Sin embargo, la pérdida de confianza no se traduce necesariamente en un cambio político inmediato. Distintos relevamientos indican que, aun con una percepción económica negativa, el oficialismo mantiene niveles de intención de voto competitivos.

Frente a este panorama, el Gobierno evalúa alternativas. Una de las opciones es sostener el rumbo actual y esperar una mejora en las expectativas. La otra implica introducir herramientas que reactiven sectores golpeados, sin alterar el equilibrio fiscal.

En ese marco, el Banco Central y el Tesoro buscan evitar subas en la tasa de interés que puedan frenar aún más la actividad. La idea es generar condiciones que permitan cierto movimiento económico sin desestabilizar las variables financieras.

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También aparece sobre la mesa el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Según analistas, ese fondo podría canalizar financiamiento hacia créditos hipotecarios o proyectos de infraestructura, con el objetivo de impulsar la economía.

La discusión, en definitiva, gira en torno a cómo reconstruir la confianza sin abandonar el esquema actual. El reconocimiento público de esa dificultad marca un punto sensible en la gestión económica, en un momento donde los resultados aún no terminan de consolidarse.