EE.UU. anuló la condena por YPF contra Argentina por US$16.100 millones
Actualidad27/03/2026
REDACCIÓNLa Cámara del Segundo Circuito dejó sin efecto el fallo de Loretta Preska, también revocó la orden sobre las acciones de YPF y abrió otra etapa.
Un reclamo judicial que podía costarle a la Argentina más de US$16.100 millones perdió peso de golpe este viernes en Nueva York. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito anuló la sentencia que había condenado al Estado por la expropiación de YPF en 2012. La decisión recortó de inmediato uno de los riesgos legales y financieros más grandes que seguían abiertos para el país en tribunales estadounidenses.
El fallo también cambió la lectura política y económica del expediente, porque no se limitó a una cuestión menor de trámite. El tribunal dejó sin efecto la resolución de septiembre de 2023 dictada por la jueza Loretta Preska, que había ordenado compensar a Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management por la falta de una oferta pública durante la toma del 51% de la petrolera. Esa condena había fijado US$14.390 millones para Petersen y US$1.710 millones para Eton Park.
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La clave del nuevo pronunciamiento estuvo en el enfoque jurídico que tomó la Cámara. Reuters informó que el tribunal resolvió por dos votos contra uno que los demandantes no podían reclamar daños contractuales bajo el derecho civil y público argentino en los términos en que lo habían planteado. Esa interpretación volteó la base del fallo anterior y cambió por completo la posición procesal de la Argentina dentro del caso.
La decisión no quedó encerrada en el monto principal de la condena. También arrastró otra medida muy sensible: la orden de junio de 2025 que exigía entregar la participación estatal del 51% en YPF para empezar a satisfacer el cobro. Con la nueva sentencia de apelación, ese camino quedó revocado y el riesgo inmediato sobre las acciones de control de la petrolera perdió sustento.
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Ese punto tiene un peso propio porque durante meses la discusión dejó de ser solo cuánto debía pagar el país y pasó a involucrar directamente la propiedad de la compañía. A mitad de 2025, Preska había ordenado transferir esas acciones a una cuenta de custodia para avanzar en la ejecución del fallo. El Gobierno argentino apeló esa decisión, y ahora la resolución del Segundo Circuito desarmó también esa derivación patrimonial que amenazaba la participación estatal en YPF.
La causa arrastra más de una década de tensión judicial y política. El conflicto nació por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF en 2012, cuando la Argentina tomó el control del paquete que estaba en manos de Repsol. A partir de ahí, los fondos que litigaron sostuvieron que el Estado debió lanzar una oferta por las acciones de los minoritarios y que la falta de ese paso les generó un daño indemnizable.
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El expediente ya había dado varias señales de que la apelación podía mover el tablero. En octubre de 2025, durante la audiencia en la Cámara, Reuters había informado que los jueces mostraban dudas sobre la solidez del fallo de Preska y sobre la forma en que se había aplicado el derecho argentino. Más cerca en el tiempo, el propio tribunal también frenó medidas de ejecución y de búsqueda de activos mientras analizaba la cuestión de fondo.
El alivio para la Argentina no queda limitado a una lectura jurídica abstracta. Reuters recordó que el monto ya rondaba los US$18.000 millones con intereses, mientras el país intentaba estabilizar inflación, deuda y reservas. La caída posterior de las acciones de Burford Capital, el fondo que financió el litigio, también mostró que el mercado leyó la novedad como un golpe fuerte para la estrategia de cobro de los demandantes.
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El fallo de este viernes no borra la historia del caso ni clausura toda disputa futura, pero sí rompe la escena que dominaba hasta ahora: la de una condena multimillonaria firme contra el Estado argentino con presión directa sobre sus activos más valiosos. La Cámara movió la causa hacia otro terreno y desarmó, al menos por ahora, el mayor frente de riesgo sobre YPF en Estados Unidos. Lo que deja abierto no es una obligación de pago inmediata, sino una nueva etapa judicial en la que la Argentina volvió a recuperar aire.
Fuente: NA, Reuters.
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