La pelea no empezó con la expropiación de 2012 sino con una regla escrita al privatizar la petrolera. Ese punto derivó en el fallo que ahora cayó.
La causa por YPF quedó asociada durante años a una cifra descomunal, pero el origen real del conflicto estuvo mucho antes del fallo de Loretta Preska y también antes de la expropiación. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito anuló este 27 de marzo de 2026 la condena por US$16.100 millones contra la Argentina y desarmó así el tramo más pesado de un expediente que llevaba más de una década de tensión judicial en Estados Unidos. El alivio fue inmediato, aunque para entender por qué ese juicio existió hay que retroceder bastante más atrás en el tiempo.
El punto de arranque quedó sembrado en 1993, cuando la privatización de YPF dejó escrita una cláusula de protección para accionistas minoritarios. Esa regla preveía que, si alguien tomaba el control de la compañía, debía lanzar una oferta pública para comprar también las acciones del resto de los socios. Durante años ese mecanismo quedó como una previsión societaria más, hasta que el cambio de control de 2012 lo convirtió en el núcleo del conflicto.
OTRAS NOTICIAS:
La secuencia sumó un nuevo capítulo entre 2008 y 2011, cuando el Grupo Petersen fue entrando en el capital de YPF hasta quedarse con cerca del 25% de la petrolera. Ese ingreso no se hizo con fondos propios suficientes, sino mediante préstamos de Repsol y de un sindicato de bancos, una estructura financiera que dependía en gran medida del flujo de dividendos de la empresa. Ahí quedó armado otro componente decisivo del litigio: un accionista relevante, muy endeudado y atado a que YPF siguiera distribuyendo ganancias para poder cumplir sus compromisos.
El quiebre llegó en abril de 2012, cuando el Congreso declaró de utilidad pública y expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. El Estado argentino tomó así el control de la compañía, pero no lanzó una oferta para los minoritarios bajo la lógica que luego invocarían los demandantes. Ese fue el corazón de la acusación en Nueva York: que la Argentina cambió el control de YPF sin respetar la cláusula societaria creada al momento de la privatización.
OTRAS NOTICIAS:
La expropiación también golpeó de lleno sobre la estructura financiera de Petersen. Sin los dividendos de YPF, el grupo cayó en default sobre los créditos que había tomado para comprar su participación y terminó en quiebra en España. Ese derrumbe empresarial no fue un dato lateral, porque más tarde sería la puerta de entrada para que terceros tomaran los derechos del litigio y lo transformaran en una demanda multimillonaria.
Ese paso ocurrió en 2015, cuando Burford Capital compró por 15 millones de euros los derechos para litigar de las sociedades del Grupo Petersen y avanzó junto con Eton Park contra la Argentina en tribunales de Nueva York. La demanda sostuvo que el Estado había actuado como cualquier comprador privado al tomar el control de una empresa cotizante, pero sin cumplir las reglas de mercado previstas por el propio estatuto de YPF. Desde entonces, la discusión dejó de ser solo política o energética y pasó a jugarse en un frente judicial de enorme impacto financiero.
OTRAS NOTICIAS:
Después de años de discusión sobre jurisdicción y sobre la interpretación del derecho argentino, la jueza Loretta Preska falló en 2023 contra el Estado nacional. En septiembre de ese año fijó una condena de US$14.390 millones para Petersen Energía Inversora y de US$1.710 millones para Eton Park, hasta completar los US$16.100 millones que dominaron desde entonces toda la conversación sobre la causa. En esa misma resolución descargó la responsabilidad sobre la Argentina y dejó afuera a YPF S.A., un detalle que delimitó desde ese momento quién cargaba con el peso económico del revés judicial.
La presión no terminó con esa sentencia. En junio de 2025, Preska ordenó que la Argentina entregara su participación del 51% en YPF para empezar a satisfacer el cobro del fallo, una decisión que elevó todavía más la tensión porque ya no se discutía solo un monto, sino el control accionario de la petrolera. Ese paso abrió una fase de ejecución especialmente delicada y volvió mucho más visible hasta dónde podía escalar el caso.
OTRAS NOTICIAS:
El giro de fondo llegó este marzo de 2026, cuando la Cámara del Segundo Circuito resolvió por dos votos contra uno anular la condena principal. Reuters informó que el tribunal entendió que los demandantes no podían reclamar daños por incumplimiento contractual bajo el derecho civil y público argentino en los términos en que lo habían hecho, y además revocó la orden de entregar las acciones de YPF. Con esa decisión, la historia judicial dio vuelta sobre su eje y la Argentina salió, al menos por ahora, del peor escenario económico que le había dejado el expediente.
La cronología, entonces, muestra que la causa YPF nunca fue solamente un pleito por la expropiación. Empezó con una cláusula de la privatización, se agravó con una compra apalancada por deuda, explotó cuando el Estado tomó el control sin oferta para los minoritarios y alcanzó su punto más crítico con la sentencia de Preska. El fallo de la Cámara no borra ese recorrido, pero sí cambia de manera drástica la escena con la que la Argentina llegaba hasta ayer a esta pelea judicial.
Fuente: NA, Reuters, El País.
ArgentinaBurford Capitalcausa YPFexpropiación de YPFGrupo PetersenLoretta Preskaprivatización de YPFRepsolSegundo CircuitoYPF
Te puede interesar
