Piden investigar a fiscales tras una causa que terminó sin pruebas y con detenidos

Una causa judicial que se extendió durante más de un año en la cordillera chubutense terminó con un giro inesperado que ahora pone el foco sobre quienes la impulsaron. La jueza de Lago Puelo, Silvana Vélez, resolvió elevar al procurador general Jorge Miquelarena la actuación de los fiscales Nicolás Vasiliev y Carlos Díaz Mayer, tras el sobreseimiento de dos exfuncionarios investigados sin que se acreditara delito.

El expediente tenía como protagonistas a Mauro Palma y Marcelo Mamolitti, ambos vinculados al área de Servicios Públicos de la provincia en distintos cargos. Durante meses fueron investigados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, bajo la sospecha de haber utilizado sus posiciones para obtener beneficios personales a través de contrataciones.

Sin embargo, después de 13 meses de pesquisa, fue la propia Fiscalía la que debió pedir el sobreseimiento al no encontrar evidencia que sostuviera la acusación. Ese desenlace abrió un nuevo capítulo, impulsado por las defensas, que ahora cuestionan el accionar de los investigadores durante todo el proceso.

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Los abogados Hugo Cancino y Federico Ruffa, en representación de Palma, y Alfredo Pérez Galimberti, por Mamolitti, plantearon ante la jueza una serie de irregularidades que, a su entender, marcaron el desarrollo de la causa. A partir de esos señalamientos, Vélez decidió remitir las actuaciones al procurador para que evalúe la conducta de los fiscales.

En la última audiencia, los propios imputados tomaron la palabra y expusieron el impacto personal que tuvo la investigación. “Contaron su padecimiento porque Palma pasó 6 días preso y prácticamente incomunicado y Mamolitti, que padece presión y diabetes, fue sacado con esposas para grabar un spot que se difundió en todo Chubut”, relató Galimberti.

Uno de los puntos más cuestionados por la defensa fue la magnitud de las medidas adoptadas durante la investigación. Según detallaron, se realizaron allanamientos a al menos diez personas que no estaban imputadas y se secuestraron teléfonos celulares sin una imputación formal, en un contexto que, según sostienen, carecía de sustento suficiente.

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“En el proceso allanaron a otras 10 personas y les secuestraron los celulares sin imputación”, señaló Galimberti, quien además cuestionó el rol judicial en el control de esas medidas. En esa línea, afirmó que “la jueza les dio vía libre sin control a la Fiscalía”, en referencia a las decisiones adoptadas durante la instrucción.

El volumen de elementos secuestrados también forma parte de las críticas. En total, se incautaron 149 dispositivos electrónicos entre teléfonos y computadoras, incluyendo equipos que no tenían relación directa con la causa. Entre ellos, mencionaron material de una emisora de radio vinculada a Mamolitti y computadoras de terceros que realizaban reparaciones de manera particular.

Otro eje de la controversia gira en torno a pruebas que, según la acusación original, existían pero nunca fueron incorporadas al expediente. La defensa indicó que la Fiscalía mencionó testimonios de figuras como el exfiscal de Estado Andrés Giacomone, Rodrigo Miquelarena y el intendente de El Hoyo, César Salamín, que finalmente no aparecieron en el legajo.

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Incluso, según lo expuesto en audiencia, Giacomone aseguró que nunca prestó declaración en el marco de esa investigación. Pese a las prórrogas otorgadas para avanzar con la recolección de pruebas, esos elementos no se concretaron, lo que terminó debilitando la acusación hasta su cierre.

Federico Ruffa fue más allá y pidió que se investigue un posible prevaricato por parte de los fiscales. Según sostuvo, “los fiscales no tenían nada y armaron una especulación montada en una operación política”, en referencia al origen de la causa y al contexto en el que se inició.

La resolución de la jueza Vélez no implica una condena ni una definición sobre la conducta de los fiscales, pero abre una instancia de revisión dentro del propio Ministerio Público. Será ahora el procurador general quien deberá analizar si existieron irregularidades y si corresponde avanzar con algún tipo de investigación o sanción.