La ley que recorta la protección glaciar entra al recinto con sello minero

La reforma ya pasó por el Senado y llega a Diputados con un cambio de fondo: provincias con peso minero ganarían margen para habilitar áreas hoy blindadas.

Lo que hoy queda alcanzado por una protección amplia en la alta montaña podría empezar a depender de una definición más acotada y de una autorización local. Ese es el cambio de fondo que trae la reforma de la Ley 26.639, que ya recibió media sanción en el Senado y que ahora avanza en Diputados con una promesa central para sus impulsores: abrir margen para proyectos económicos en sectores del ambiente periglacial que hasta acá quedaban bajo un resguardo mucho más rígido.

El expediente ya figura en la agenda parlamentaria de esta semana con un recorrido concreto. La Cámara baja programó para el 7 de abril una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, y para el 8 de abril una sesión especial destinada a tratar la modificación de la norma que regula la protección de glaciares y ambiente periglacial.

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La ley vigente nació en 2010 como un régimen de “presupuestos mínimos” para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El texto original dispuso además la creación del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta destinada a identificar y registrar glaciares y geoformas periglaciares en un sistema que, según la nota periodística difundida este lunes, abarca cuencas hidrográficas distribuidas a lo largo de la cordillera.

La novedad más sensible del proyecto no pasa sólo por una redefinición técnica, sino por una modificación práctica del criterio de resguardo. La reforma apunta a dejar atrás la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares y a reemplazarla por un esquema en el que esas intervenciones podrían autorizarse si superan una “evaluación de impacto ambiental” y si no se acredita una función hídrica relevante en la zona bajo análisis.

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Ese corrimiento normativo no aparece desligado de una estrategia económica más amplia. La nota de Noticias Argentinas atribuye el impulso político del proyecto al Gobierno nacional junto con gobernadores aliados interesados en captar inversiones mineras bajo el paraguas del RIGI, y nombra entre ellos a Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, todos mandatarios de provincias con fuerte expectativa sobre el negocio extractivo.

El otro desplazamiento fuerte está en quién pasa a tener la lapicera. La iniciativa, tal como fue resumida por la cobertura de este lunes y por la propia comunicación del Senado tras la media sanción, amplía la injerencia provincial sobre la determinación de qué sectores proteger y cuáles podrían admitir actividad productiva, en una discusión donde el oficialismo plantea que debe prevalecer un criterio más ligado a las competencias locales sobre los recursos naturales.

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La discusión no gira sólo sobre minería, sino también sobre el valor técnico de la información que ordenó la protección durante estos años. Entre los gobernadores que cuestionan la ley actual aparece la idea de que el inventario está desactualizado, mientras que quienes defienden la norma atribuyen ese deterioro a problemas de financiamiento y a una ejecución incompleta de los relevamientos. Esa disputa es importante porque, en la práctica, la delimitación técnica del terreno puede definir si una zona queda resguardada o queda disponible.

La velocidad del trámite también muestra que no se trata de un debate lateral. El Senado ya aprobó la modificación el 26 de febrero, y la Cámara de Diputados no sólo la puso en agenda para comisión y recinto, sino que además convocó expositores para discutir el expediente en una reunión conjunta previa al tratamiento legislativo.

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En los hechos, la reforma desplaza la frontera entre lo intocable y lo habilitable. Sectores que antes quedaban abarcados por una lectura más restrictiva de la protección del ambiente periglacial podrían pasar a ser evaluados caso por caso, con un filtro apoyado en estudios técnicos y en decisiones administrativas provinciales, algo que modifica de manera directa la relación entre tutela ambiental, control nacional y expansión minera.

Lo que se discute esta semana, entonces, no es una corrección menor de redacción ni una actualización burocrática de la ley. Si Diputados acompaña el texto venido del Senado, la protección glaciar dejará de apoyarse en una barrera amplia sobre el ambiente periglacial y pasará a un sistema más flexible, donde el peso político y técnico de cada provincia tendrá más incidencia sobre qué áreas siguen blindadas y cuáles podrán entrar en la órbita de la explotación económica.

Fuente: NA, Infoleg.