La recompensa quedó oficializada en el Boletín Oficial y apunta a activar una búsqueda con alcance nacional sobre un hombre con captura vigente para extradición.
El dato central ya quedó escrito en una resolución oficial: el Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer $20 millones a quien aporte información que permita localizar a Galvarino Sergio Apablaza Guerra. La medida rige dentro del territorio argentino y quedó publicada este 7 de abril de 2026 en el Boletín Oficial. Con esa decisión, el caso pasó de la orden judicial a una etapa de búsqueda pública reforzada por el sistema de recompensas.
La resolución no presenta la recompensa como un gesto simbólico ni como una simple formalidad administrativa. El texto señala que el dinero estará destinado a personas que, “sin haber intervenido en los hechos delictuales”, aporten datos que resulten útiles para concretar la captura. Ese punto fija dos condiciones de entrada: la información debe servir efectivamente para encontrarlo y quien la acerque no puede haber participado de los hechos investigados.
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La medida se apoya en un dato procesal preciso que hoy ordena todo el expediente. Sobre Apablaza Guerra, ciudadano chileno nacido el 9 de noviembre de 1950, pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 31 de marzo de 2026, y el propio Estado argentino lo presenta además como una persona requerida para ser detenida con fines de extradición. El último domicilio consignado en la documentación oficial figura en la localidad bonaerense de Moreno.
El nuevo movimiento oficial cambia la escala de la búsqueda porque saca el caso del ámbito exclusivo de tribunales y fuerzas de seguridad y lo lleva a una instancia de difusión pública nacional. La resolución ordena que el ofrecimiento sea divulgado en medios escritos, radiales y televisivos de circulación nacional. También instruye a las fuerzas policiales y federales para que publiquen y distribuyan el afiche de recompensa en todas sus formas.
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Hay otro aspecto que explica por qué la cartera de Seguridad aceleró esta herramienta. En los considerandos, el Boletín Oficial sostiene que de los autos judiciales surge que Apablaza “habría dejado de estar a derecho” y que, como consecuencia de esa situación procesal, la justicia federal ordenó su detención inmediata. Esa secuencia es la que justifica, para el ministerio, pasar de la orden de captura a un ofrecimiento económico de carácter urgente.
El expediente también remite a una dimensión internacional que el Gobierno toma como argumento central. La resolución recuerda que Chile requirió a la Argentina la extradición del ciudadano chileno y señala que la orden judicial busca hacer efectiva esa medida en el marco de la causa correspondiente. En el sitio oficial del Programa Nacional de Recompensas, el Estado argentino informa además que se lo busca para ser extraditado y luego juzgado en Chile por “graves delitos vinculados al terrorismo”.
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Quien diga tener información deberá canalizarla por una vía ya definida. El Ministerio indicó que los datos pueden aportarse a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. La resolución agrega que el eventual pago se hará una vez evaluado el mérito de la información y con “preservando la identidad del aportante”.
La recompensa, entonces, no funciona sólo como un monto llamativo sino como un mecanismo para ampliar la red de búsqueda sobre una persona que, según la documentación oficial, ya no pudo ser ubicada por la vía ordinaria. El Gobierno busca que el dato útil aparezca fuera del expediente y llegue desde terceros con conocimiento concreto del paradero. Esa lógica desplaza el centro del operativo desde la pura localización policial hacia la obtención de información verificable.
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Por ahora, el punto firme no es la captura sino la activación de un nuevo tramo en esa búsqueda. El Estado ya fijó monto, canales de contacto, resguardo de identidad y alcance territorial de la difusión, pero el resultado sigue atado a que aparezca un dato con valor real para detenerlo. Ahí queda hoy el límite operativo del caso: la recompensa ya está vigente, pero la detención todavía no ocurrió.
Fuente: NA, Boletín Oficial.
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