
La Unión Europea obligará a que los celulares que se comercialicen en su mercado cuenten con baterías fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario a partir del 18 de febrero de 2027, en una medida que apunta a reducir los residuos electrónicos, facilitar la reparación y extender la vida útil de los dispositivos.

La nueva normativa implicará un cambio importante para la industria tecnológica, que en los últimos años avanzó hacia diseños cada vez más compactos y sellados, con equipos en los que el acceso a los componentes internos suele requerir herramientas especiales o intervención técnica. Con este nuevo esquema, el reemplazo de la batería deberá poder hacerse con herramientas básicas o con elementos que las propias empresas deberán entregar sin costo adicional.
La decisión busca revertir una tendencia que se consolidó en el mercado de la electrónica de consumo: dispositivos cada vez más difíciles de reparar y con menor margen para prolongar su uso. En ese contexto, la Unión Europea vuelve a poner el foco en el llamado derecho a reparar, con reglas que apuntan a que los usuarios puedan resolver fallas simples sin depender exclusivamente del servicio técnico oficial ni verse forzados a cambiar de equipo antes de tiempo.


La medida no alcanzará solo a los teléfonos móviles. También incluirá a tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal, como bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos, ampliando el impacto de la regulación sobre buena parte del mercado de dispositivos con baterías recargables.
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Otro de los puntos centrales del reglamento es que los fabricantes deberán garantizar la disponibilidad de baterías de repuesto durante varios años después de la compra del producto. El objetivo es evitar que la falta de piezas termine empujando el reemplazo prematuro de aparatos que todavía podrían seguir funcionando con una reparación relativamente sencilla.
Además, las nuevas baterías deberán incorporar un código QR vinculado a un pasaporte digital, donde se incluirá información sobre su composición, durabilidad, rendimiento y alternativas de reciclaje. Con esa herramienta, la normativa busca mejorar la trazabilidad de los componentes y promover prácticas más sostenibles en toda la cadena de consumo y descarte.
En los hechos, la regulación representa una vuelta parcial a un formato que fue habitual durante años en el mercado de la telefonía móvil. Hasta mediados de la década pasada, las baterías extraíbles eran una característica común en muchos modelos y permitían al usuario cambiarlas con facilidad cuando perdían capacidad o presentaban fallas. Con la expansión de los diseños unibody, esa posibilidad fue desapareciendo en favor de equipos más delgados, cerrados y difíciles de intervenir.
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El sector tendrá un período de adaptación para modificar procesos de diseño y producción, pero una vez que la norma entre en vigor, todos los dispositivos que se comercialicen en el bloque deberán ajustarse a estas exigencias. Aunque por ahora la obligación regirá dentro del mercado europeo, no se descarta que las compañías terminen extendiendo esos cambios a otros países para unificar sus líneas de producción.
La decisión se inscribe dentro de una política más amplia de la Unión Europea para regular el mercado tecnológico con criterios de sustentabilidad y estandarización. En los últimos años, el bloque ya impulsó medidas como la adopción del USB-C como cargador común y el avance de etiquetas de eficiencia y reparabilidad, en una estrategia que combina objetivos ambientales con mayores derechos para los consumidores.















