Reglamentaron la Ley de Glaciares y las provincias ahora deciden cuáles proteger

El Ejecutivo oficializó la reforma que quita el blindaje nacional a las reservas de agua. Cada jurisdicción impondrá sus propios límites técnicos desde este viernes.

Las provincias recuperaron el control total sobre sus recursos hídricos congelados a partir de un cambio profundo en la normativa ambiental del país. La Casa Rosada decidió descentralizar el manejo de los ecosistemas de montaña mediante la oficialización de una ley que modifica el régimen vigente. Esta medida quiebra la estructura de protección nacional que rigió en todo el territorio durante los últimos quince años.

El nuevo texto legal, identificado como la Ley N° 27.804, termina con la exclusividad nacional en la determinación de las áreas protegidas. Bajo el esquema anterior sancionado en el año 2010, existía una protección rígida que consideraba a estas zonas como bienes estratégicos e intocables. A partir de la fecha, la preservación dependerá de las decisiones que tome cada administración local sobre su propio suelo cordillerano.

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La reglamentación abre una ventana de vulnerabilidad para las masas de hielo que no encajen en los nuevos parámetros de las gobernaciones. Aquellas áreas que no resulten catalogadas bajo los nuevos criterios locales quedarán fuera de la protección específica de esta ley nacional. Este cambio de paradigma permite que el alcance de la preservación de las reservas de agua dulce se defina ahora distrito por distrito.

El proceso legislativo que derivó en esta reforma mostró una división marcada en el Congreso de la Nación hasta el último minuto. La sanción definitiva del pasado 8 de abril se alcanzó con un registro de 137 votos a favor y 111 negativos, además de tres abstenciones. El resultado parlamentario habilitó la transformación radical de un sistema de conservación que hasta ahora era centralizado y uniforme.

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Con la publicación del Decreto 271/2026 este viernes, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la entrega de facultades a las provincias. La normativa establece que cada jurisdicción tendrá ahora la "facultad de establecer sus propios criterios técnicos" para el mapeo criosférico. Este traspaso de competencias se formalizó en el Boletín Oficial, otorgando autonomía plena a los estados provinciales para decidir sobre el ambiente periglaciar.

La transferencia de responsabilidades incluye no solo a los glaciares propiamente dichos, sino también a las áreas que los rodean. Estos terrenos cumplen una función vital como reservas hídricas para las poblaciones cercanas y la producción regional en épocas de sequía. La nueva ley redefine cómo se catalogarán estas zonas de ahora en más sin una auditoría centralizada por parte de la Nación.

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El cambio fundamental radica en que el Estado nacional ya no impondrá una vara única de protección ambiental sobre la cordillera. Cada provincia podrá determinar qué cuerpos de hielo entran en su inventario de conservación según sus propios estudios técnicos particulares. Esta facultad local reemplaza la rigidez de la norma original que no permitía este tipo de discrecionalidad técnica a las autoridades regionales.

La medida representa un giro drástico respecto al tratamiento de los glaciares como bienes públicos estratégicos inamovibles de la Argentina. El nuevo texto permite una flexibilidad que el régimen de 2010 prohibía expresamente para proteger el recurso hídrico de cualquier actividad. A partir de hoy, la validez de la protección nacional queda supeditada a las resoluciones que se firmen en las capitales provinciales.

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La aplicación de la Ley N° 27.804 introduce un escenario de incertidumbre sobre el futuro de las áreas que queden fuera de los nuevos catálogos regionales. El destino de las reservas de agua dulce dependerá de la celeridad y el rigor con que las provincias definan sus criterios técnicos de protección. La descentralización de facultades pone a prueba la capacidad de control ambiental de cada jurisdicción tras más de una década de gestión estatal unificada.

Fuente: NA.