
Mansiones y hoteles de la familia Kirchner integran los bienes que les decomisarán por corrupción
Política26/04/2026
REDACCIÓNLa Justicia activó el decomiso de propiedades en El Calafate y unidades habitacionales en Río Gallegos que pertenecen a la expresidenta y sus hijos. La cifra se actualizó tras un peritaje de la Corte que multiplicó el monto original por ocho.

La ejecución patrimonial contra Cristina Fernández de Kirchner entró en una fase de liquidación de activos sin precedentes tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron que el monto para cubrir el daño al Estado asciende a $684.990.350.139,86. Esta cifra, que inicialmente era de 84 mil millones, fue actualizada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y adquirió firmeza definitiva el pasado 10 de junio de 2025.
El inventario que la Justicia tiene bajo la lupa incluye extensiones de tierra monumentales en el corazón turístico de Santa Cruz. En El Calafate, se destacan tres terrenos adquiridos en 2007 que suman más de 137.000 metros cuadrados, además de una propiedad de 6.000 metros cuadrados ubicada sobre la Avenida 17 de Octubre. La medida alcanza también al lote principal y las parcelas anexas donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, activos que fueron incorporados al patrimonio familiar entre los años 2002 y 2008.


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La resolución no solo afecta a la exmandataria, sino que impacta directamente sobre la herencia de sus hijos. El tribunal ordenó avanzar sobre diez unidades habitacionales situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que fueron cedidas oportunamente a Máximo y Florencia Kirchner. Estas propiedades, junto a otros inmuebles en las calles 25 de Mayo y Presidente Néstor Kirchner, forman parte del paquete de bienes que el Estado pretende recuperar para saldar la condena por la causa Vialidad.
La arquitectura del decomiso se extiende hacia la estructura empresarial que orbitó alrededor de la obra pública santacruceña. El fallo permite ejecutar activos de firmas ligadas a Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto. La metodología aplicada por el tribunal permitió que, ante el incumplimiento de las intimaciones de pago anteriores, se proceda ahora directamente sobre la titularidad de estas sociedades y sus bienes remanentes.
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Un punto crítico de la resolución es que el inventario actual podría ser solo el comienzo de una serie de incautaciones mayores. Si el valor de mercado de los hoteles y terrenos mencionados resulta insuficiente para alcanzar los 684 mil millones de pesos, la Justicia tiene vía libre para buscar nuevos activos. Bajo esta misma presión económica se encuentran otros condenados como José Francisco López y Nelson Periotti, cuyos bienes también están integrados en el esquema de recupero de fondos públicos.
La pericia contable que derivó en este número final fue clave para destrabar la parálisis del expediente. El tribunal aceptó el dictamen técnico que ajustó los valores históricos a la realidad económica actual, transformando la deuda en una cifra casi imposible de cancelar sin la pérdida total del patrimonio declarado. El avance sobre inmuebles comprados entre 2006 y 2010 marca la trazabilidad del dinero que la justicia considera fruto de la administración fraudulenta.
En Río Gallegos, el foco está puesto en las propiedades adquiridas en 2006 y 2010, incluyendo un local comercial de importancia estratégica en la zona céntrica. La cesión de derechos hacia los hijos de la expresidenta no funcionó como un blindaje legal ante el pedido de decomiso de la Casación. Los jueces interpretaron que los activos están directamente vinculados a los hechos juzgados, independientemente de los movimientos internos que realizó la familia en su declaración sucesoria.
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El despliegue operativo para la toma de posesión de estos bienes quedará bajo la órbita de los auxiliares de la justicia en los próximos días. La superficie total de los lotes en el sur supera con creces lo que usualmente se tramita en expedientes de corrupción, debido a la magnitud de los terrenos comprados en 2007. Cada hectárea fue peritada para garantizar que el valor de remate o adjudicación se ajuste a lo exigido por el Cuerpo de Peritos de la Nación.
La situación procesal de los demás involucrados, como Mauricio Collareda y Raúl Gilberto Pavesi, también está atada al éxito de estas ejecuciones. Si la familia Kirchner no logra cubrir el monto con sus hoteles y estancias, el Estado nacional comenzará a rastrear las cuentas y propiedades de los exfuncionarios viales. El escenario permanece abierto a nuevas tasaciones oficiales mientras se completa la documentación para el traspaso de los títulos de propiedad a favor del erario público.















