El Gobierno delega en el sector privado las decisiones operativas y el costo de la energía

La Secretaría de Energía de la Nación ratificó que las empresas deberán financiar la infraestructura y definir las importaciones de gas sin subsidios ni auxilio del Estado.

El Palacio de Hacienda oficializó un giro doctrinario en la administración de los recursos energéticos al traspasar de forma completa la responsabilidad de las inversiones y el abastecimiento invernal a las compañías operadoras del mercado. La nueva dirección de la política pública establece que el aparato estatal abandonará las funciones de arbitraje y financiamiento de obras que caracterizaron a las últimas décadas de gestión de servicios. Bajo esta premisa de desregulación extrema, la viabilidad de los gasoductos, la ampliación de las redes de alta tensión y la cobertura de los picos de demanda quedarán atadas de forma exclusiva al riesgo financiero del capital privado.

La reconfiguración del área apunta a consolidar un marco de previsibilidad macroeconómica donde la estabilidad presupuestaria funcione como el único ordenador de la actividad comercial. Durante su disertación en el Shale24+Santander Energy Summit, la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, expuso la posición oficial ante el empresariado del sector y definió los límites de la gestión pública. “Desde el Estado fijamos las reglas de juego, pero quienes deben tomar las decisiones son los privados”, sentenció la funcionaria nacional, remarcando que el equilibrio fiscal es innegociable y constituye la variable principal para sostener el interés de las corporaciones.

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Esta retirada de las herramientas de regulación estatal se traducirá de forma inmediata en la persistencia de distorsiones operativas complejas, como la necesidad de sostener la compra de combustibles importados durante los meses de bajas temperaturas. La paradoja de registrar volúmenes récord de extracción en los yacimientos no convencionales y continuar dependiendo de los barcos gasíferos extranjeros no será resuelta mediante partidas del tesoro nacional. La conducción energética delegó el manejo de este bache logístico en las planillas de rentabilidad de las distribuidoras, dejando que las fuerzas de la oferta y la demanda determinen los volúmenes de ingreso de fluidos.

La prioridad de abastecimiento mantendrá un criterio de segmentación que busca resguardar las demandas de las redes de distribución domiciliarias por sobre los requerimientos de los grandes usuarios fabriles. “En la capacidad de transporte de gas natural tenemos que darle prioridad al uso residencial, y es verdad que todavía tenemos que seguir importando GNL, pero esto es una decisión que tiene que definirlo el sector privado considerando los costos reales”, puntualizó Tettamanti. La funcionaria defendió la neutralidad oficial adoptada durante las recientes crisis de precios internacionales, argumentando que es preferible que las cuentas las hagan directamente las empresas.

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El nuevo orden de operaciones modifica también las políticas de fomento destinadas a la generación limpia en la Patagonia, cancelándose los regímenes de incentivos económicos preferenciales para los nuevos proyectos de generación eólica y solar. El Poder Ejecutivo considera que las tecnologías de matriz renovable alcanzaron un nivel de madurez técnica que les permite competir en el mercado mayorista sin necesidad de soporte estatal permanente. El foco gubernamental se trasladará a blindar la rentabilidad de estos parques frente a las presiones impositivas que ensayan los gobiernos comunales de las provincias productoras.

La preocupación del sector privado por la aparición de gravámenes locales en los municipios sureños fue recogida por la conducción nacional como un factor de riesgo para la radicación de capitales de largo plazo. “La energía renovable hoy ya es muy competitiva, no hace falta más incentivos. Sí es importante la estabilidad fiscal para esta clase de proyectos y sufran por posibles impuestos que quiera cobrar algún municipio, por ejemplo un impuesto al viento”, advirtió la secretaria de Energía. La funcionaria busca impedir que las autonomías fiscales de las intendencias alteren la estructura de costos competitivos que requiere el sistema interconectado nacional.

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Las reformas de desregulación en marcha buscan revertir los efectos de un extenso período histórico donde el control de los servicios públicos permaneció bajo tutela estatal a pesar de los procesos de privatización originarios. Los equipos técnicos del área coordinan una transición normativa que garantice el libre comercio de hidrocarburos con los países limítrofes, recuperando los canales de intercambio que funcionaron con regularidad durante la década de los noventa. El principal avance de esta estrategia se verifica en el frente cordillerano, donde las empresas chilenas reabrieron los contratos de compra de bloques de gas excedente de la cuenca neuquina.

La reactivación de las exportaciones hacia los mercados regionales se produce bajo un cambio de expectativas respecto al cumplimiento de los compromisos comerciales de la producción argentina en el exterior. Según el análisis de la cartera energética, el restablecimiento de los flujos bilaterales con los compradores trasandinos está sustentado en una mayor confianza hacia la sostenibilidad de las reglas jurídicas vigentes en el país. El programa económico promueve una apertura comercial recíproca que elimine las restricciones aduaneras, asumiendo que los procesos de importación y exportación deben integrarse al circuito logístico normal de las compañías operadoras.

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La viabilidad de los nuevos desarrollos productivos se encuentra condicionada, sin embargo, por la falta de inversión en el sistema de transmisión de alta tensión, un cuello de botella que restringe la evacuación del potencial energético. El freno a la obra pública dispuesto por la administración central impide el desarrollo de nuevas líneas troncales de transporte eléctrico a lo largo del territorio nacional, postergando la conexión de los parques generadores en carpeta. La resolución de esta limitación operativa quedará supeditada al estricto respeto de las concesiones privadas vigentes, descartándose intervenciones de emergencia para forzar la ampliación de las redes eléctricas.